El proceso judicial por el colapso de la discoteca Jet Set, que dejó 235 muertos, presenta a los jueces un desafío inusual: juzgar responsabilidades penales en un escenario dominado por complejidades técnicas.
El Ministerio Público acusa a los propietarios, Antonio y Maribel Espaillat, de homicidio involuntario, alegando que ignoraron advertencias sobre filtraciones, grietas y deterioro visible en el techo.
Los testigos —empleados, contratistas de mantenimiento y clientes— describieron signos de humedad, desprendimientos y goteras, pero carecen de formación técnica.
En contraste, el informe de la comisión técnica establece que el colapso obedeció a un fallo oculto: la fatiga progresiva de los anclajes metálicos, consecuencia de errores de diseño estructural originados décadas atrás.
Este deterioro interno, imperceptible sin estudios especializados, no era evidente a simple vista ni exigible como parte del mantenimiento rutinario.
El tribunal deberá determinar si existía para los propietarios una obligación jurídica de prever un riesgo que solo peritos calificados habrían detectado.
El peso de las víctimas
Además de este debate técnico, gravitará en el juicio el peso emocional de la tragedia: el elevado número de víctimas genera una presión social que, aunque ajena al razonamiento jurídico, podría influir en el desarrollo del proceso.
El caso exigirá a los jueces deslindar con precisión los límites entre la responsabilidad civil y la penal, evitando criminalizar los resultados de un colapso estructural complejo y técnico.