El vicepresidente de la comisión especial que estudia el proyecto del nuevo Código Penal, Wandy Batista, aseguró este miércoles que el tratamiento del homicidio involuntario es abordado por los legisladores “con un alto rigor jurídico” y que, por tanto, la infracción se mantendría como un delito menor.
“El homicidio involuntario lo estamos analizando como juristas, no con el caso Jet Set en la cabeza. Sería un grave error jurídico dejarse influir por un caso específico”, expresó el legislador, subrayando que el nuevo Código Penal diferenciará con claridad el daño causado por imprudencia y el cometido con intención.
En ese sentido, el vicepresidente de la comisión expresó que la posición de los congresistas, en su papel de abogados, debe enfocarse en observar cómo se trata el homicidio involuntario en otras partes del mundo, donde el delito es sancionado con penas menores.
“No es lo mismo el que usa el ánimo de causar un daño, que aquel que solo fue por una imprudencia o a veces hasta por una simple inobservancia”, precisó el diputado al reiterar que en otros países del mundo, el homicidio involuntario se penaliza con sanciones mínimas.
El vicepresidente de la comisión habló así tras ser cuestionado por las críticas a la acusación contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, quienes están señalados por el Ministerio Público bajo acusaciones de homicidio involuntario tras el derrumbe de la discoteca Jet Set, de la que eran propietarios, donde fallecieron 235 personas.
Según el artículo 319 del Código Penal vigente en el país, el homicidio involuntario contempla sanciones que van desde tres meses hasta dos años de prisión para los culpables.
Los avances del Código Penal
En medio de los estudios de los siete proyectos de Código Penal, el diputado Batista explicó que, durante las revisiones de las iniciativas, la comisión ha modificado penas tanto para reducirlas como para aumentarlas, según las circunstancias de cada tipo penal.
“Hemos visto casos en donde hemos tenido que reducir penas y otros en donde hemos tenido que aumentarlas por la gravedad del delito, los antecedentes y lo que establece actualmente el ordenamiento”, señaló.
El congresista también reveló que han reformulado artículos completos para impedir que errores de redacción permitan que ciertos delitos queden impunes.
Sostuvo que uno de los principales objetivos de la comisión es entregar al país “un buen instrumento de justicia”, más allá de la presión por aprobarlo rápido.
Las penalidades
Entre los tipos penales cuyas sanciones han sido endurecidas, el diputado mencionó los delitos relacionados con violencia contra menores y atentados contra sistemas de transporte público. En este último punto, citó el ejemplo de un posible descarrilamiento del Metro, que, según las circunstancias, podría ser considerado como terrorismo o sabotaje.
“Los jueces deben tener un rango de acción bastante amplio, pero que les permita hacer justicia. No podemos prever en el Código todas las circunstancias de un delito, pero sí debemos dar herramientas para evaluarlas”, argumentó.
Intención particular de la corrupción
Aunque la comisión aún no ha tomado una decisión definitiva, el vicepresidente confirmó que existe una voluntad particular de establecer que los delitos de corrupción administrativa no prescriban.
“La intención hasta ahora es que no periman en 20 años. Esa es nuestra posición, pero falta ver si hay consenso entre todos los miembros titulares”, explicó al aclarar que esa postura es personal.
Reiteró que los trabajos han avanzado con la intención de lograr consensos amplios, pero que, en caso de diferencias, se someterán a votación y prevalecerá la decisión de la mayoría.
Batista recordó que, aunque la legislatura termina el 26 de julio, eso no significa que se pierda el proyecto de Código Penal ya que los proyectos relacionados fueron sometidos en esta legislatura que inició el 27 de febrero y que, para caducar, deben pasar dos legislaturas sin ninguna aprobación de la pieza.
La comisión especial de senadores y diputados que analizan el nuevo Código Penal pretende concluir sus análisis antes del 26 de julio y lograr así que la pieza se apruebe en ambas cámaras congresuales.