Rosy García siempre estuvo dispuesta a colaborar con la Policía Nacional cada vez que su hijo, Joangel García, un adolescente de 17 años, era requerido por presuntas acusaciones. Lo acompañaba a los destacamentos, confiaba en que el sistema funcionaría y lo entregaba con la esperanza de que, aún bajo custodia, seguiría con vida.

“Yo les decía, lo que quiero es que aunque esté preso tenga su vida. Nunca me negué a entregarlo, siempre cooperé”, relató la madre, quien aseguró que en más de una ocasión suplicó a los agentes que lo mantuvieran detenido si tenían pruebas en su contra. Sin embargo, siempre era liberado por falta de evidencias.

“Si él atracó, no lo suelten”, les decía con franqueza, pero, una y otra vez volvía a casa con el joven golpeado y el cuerpo lleno de moretones.

Ejecución policial 

Para Rosy, su disposición constante a cooperar se convirtió en su mayor dolor el pasado sábado 28 de junio, cuando los agentes regresaron a su casa y no dudó en acompañarlos para ubicar a su hijo, confiando en que solo lo detendrían. Pero lo que ocurrió fue muy distinto, según ella. 

En lugar de llevar al joven al destacamento, una vez localizado, la madre denunció que fue acribillado a tiros mientras dormía en una humilde casucha conocida como “La Casita”, en el sector Piragua Arriba.

“¿Cómo es posible que una persona con una orden de arresto anda así normal? Ellos nunca me notificaron de eso. Él estaba acostado boca abajo cuando le dispararon 14 veces, y luego dijeron que fue un intercambio de disparos, pero él no tenía armas, estaba durmiendo. ¿Cómo es posible que una persona con una pistola permita que le den 14 tiros y no dispare uno? Eso es mentira”, lamentó con impotencia.

Al ser abordada sobre los antecedentes del joven, la progenitora negó que su vástago perteneciera a alguna banda y rechazó que tuviera las órdenes de arresto 973-2025-EMES-06186 y 973-2025-EMES-05873, que la Policía indica que tenía en su contra. 

Indignación

El caso ha provocado la indignación de defensores de derechos humanos y de la comunidad. 

El miembro del Comité Dominicano de los Derechos Humanos filial San Luis, Diógenes Ozuna, acusó a sectores dentro de La Dirección Central de Investigación (Dicrim) de estar detrás de estas acciones violentas.

“Esto no lo vamos a permitir, exigimos una investigación profunda”, declaró Ozuna.

Familiares del fallecido insisten en que no se trató de un enfrentamiento, sino de una ejecución extrajudicial. “Lo mataron como a un perro, fue un crimen, no un tiroteo”, afirmaron.

Versión policial

De su lado, la Policía Nacional presentó una versión distinta a los hechos narrados por los parientes.

Mediante un comunicado, el cuerpo del orden informó que el caso se trató de un operativo que culminó en un intercambio de disparos, durante el cual el joven resultó herido y falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Municipal de El Almirante.

Según detallan, Joangel habría disparado contra los agentes al notar su presencia, utilizando una pistola marca Taurus PT92, calibre 9 mm, serie TBX17532, lo que obligó a los oficiales a repeler la agresión.

El menor alias “el Mayor”, era activamente buscado mediante las órdenes de arresto No. 973-2025-EMES-06186 y 973-2025-EMES-05873, por violación al artículo 379 del Código Penal, en perjuicio de dos ciudadanos, cuyas identidades fueron reservadas, de acuerdo con la versión policial.