Santo Domingo. – Seis organizaciones de izquierda advirtieron que el proyecto de Código Penal retomado por la Comisión Bicameral del Congreso Nacional representa una grave amenaza para los derechos fundamentales del pueblo dominicano, especialmente de las mujeres y los grupos vulnerables.
Las entidades —Partido Comunista del Trabajo (PCT), Movimiento Caamañista (MC), Partido Patria para Todos y Todas (PPT), Movimiento Popular Dominicano (MPD), Fuerza de la Revolución (FR) y el Referente de la Izquierda Dominicana (RID)— calificaron la iniciativa como «neofascista» y aseguraron que, de aprobarse, sería aún peor que el actual código penal, vigente desde el siglo XIX.
En un comunicado conjunto, las organizaciones sostienen que el proyecto favorecido por la Comisión Bicameral retoma el contenido ampliamente rechazado del propuesto por el senador Rogelio Genao, y acusan a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados de intervenir y tutelar el proceso en detrimento de propuestas alternativas como la del senador Antonio Taveras.
Retrocesos legales y omisiones graves
Según denuncian, el proyecto pretende eliminar del Código Penal delitos graves como el narcotráfico, el lavado de activos y la trata de personas, trasladándolos a leyes especiales, lo que consideran una estrategia para debilitar su persecución. También cuestionan la reducción de sanciones por corrupción, la permanencia de una jurisdicción militar con capacidad para juzgar delitos contra civiles y la exclusión del delito de tráfico de influencias.
Además, advierten que se exoneraría de responsabilidad penal a las iglesias, violando el principio de igualdad ante la ley y la separación entre Iglesia y Estado. También denuncian la criminalización de la protesta social, al equipararse con rebelión o insurrección, imponiendo penas de hasta 40 años de prisión.
“Este proyecto también representa un ataque a la libertad de expresión, al mantener penas de cárcel por difamación e injuria”, señalaron.
Feminicidio, género y derechos LGBTQ+
Otro punto crítico señalado por las organizaciones es la forma en que el proyecto aborda el feminicidio, al considerarlo un delito autónomo en lugar de un homicidio agravado, y omitir elementos fundamentales de su tratamiento como problema estructural y social.
Asimismo, denuncian la intención de sustituir el concepto de “género” por “sexo” en diversos artículos, lo cual —afirman— mina la protección contra la discriminación basada en identidad de género. “Se institucionaliza la discriminación contra la comunidad LGBTQ+, al no reconocer crímenes de odio ni garantizar el acceso a servicios básicos, bajo el alegato de libertad de conciencia”, advirtieron.
También rechazaron la exclusión de la orientación sexual e identidad de género como categorías protegidas contra la discriminación y como agravantes en delitos de odio, dejando, a su juicio, desprotegida a esa comunidad.
Penalización del aborto y violencia de género
Uno de los aspectos más criticados del proyecto es la mantenimiento de la penalización absoluta del aborto, incluso en casos de violación, incesto o inviabilidad fetal. Las organizaciones condenan que también se propongan sanciones más severas para las mujeres que interrumpen su embarazo y para el personal médico que las asista.
Además, se oponen a la criminalización del uso de métodos anticonceptivos, al tipificarse penalmente la administración de medicamentos o tratamientos que provoquen la interrupción del embarazo.
En cuanto a la violencia de género, criticaron la eliminación de la violencia económica como delito y la falta de distinción entre abuso sexual, pederastia y relaciones entre menores.
Otros aspectos preocupantes
Las organizaciones también rechazaron que se pretenda permitir el castigo físico a menores “en nombre de la disciplina”, así como la reserva de delitos cometidos por militares contra civiles a tribunales castrenses, lo que perpetuaría la impunidad.
Asimismo, criticaron la inclusión de una definición “restrictiva” de legítima defensa, que impediría la protección de bienes patrimoniales, incluso en casos de invasión de morada.
Igualmente, denunciaron que el proyecto penaliza la inducción o cooperación al suicidio sin excepciones humanitarias para pacientes con enfermedades terminales o sufrimiento intolerable, lo cual limita el derecho a la autonomía personal.
Llamado a la movilización
Finalmente, las seis organizaciones de izquierda advirtieron que, de aprobarse este proyecto, convocarán a la movilización del pueblo dominicano en todo el territorio nacional, a través de un proceso de lucha ascendente.
“Si el Congreso aprueba este Código Penal negador de los derechos fundamentales de las mayorías, estaremos en las primeras filas de combate, junto al pueblo movilizado”, concluyeron.
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