SANTO DOMINGO.- Varios implicados en una red criminal dedicada al robo de identidad y fraude bancario, responsables de sustraer más de siete millones de pesos a clientes de una entidad financiera, enfrentarán este viernes la audiencia de solicitud de medida de coerción en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El Ministerio Público solicitará prisión preventiva y que el proceso judicial sea declarado complejo, debido a la multiplicidad de imputados y los delitos cometidos.
Entre los imputados figuran Fredery García Ortiz, señalado como cabecilla de la red, y su pareja María Carolina Durán Tavárez; además, Jonathan Darío Pichardo, Raúl Ortiz Arias, George Charlie Abreu Tejada, Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y Wilton Rafael Gutiérrez (Chango), quienes fueron los primeros arrestados, lo que permitió el depósito de la solicitud de coerción.
Días después, se entregaron a las autoridades Diego Alfonso Polo Ramírez (El Greñú), identificado como uno de los líderes de la red cibercriminal, junto a Wilmys Veloz Rojas y Winal Freddy Polo Peralta. De acuerdo con el Ministerio Público, estos últimos reclutaban personas en la región norte del país para abrir cuentas digitales a nombre de terceros, utilizadas para recibir fondos producto del fraude.
Los acusados habrían participado activamente en el robo de identidad y el acceso ilícito a perfiles bancarios de los clientes afectados, incurriendo en delitos de cibercrimen.
La estructura delictiva, que operaba desde Bonao, accedió a información confidencial de los clientes para realizar transferencias fraudulentas hacia cuentas controladas por los miembros de la red, apropiándose ilegalmente de los fondos.
Durante los allanamientos realizados en la zona norte, el Ministerio Público incautó dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias clave que sustentan el proceso judicial.
El juez conocerá este viernes, a partir de las 9:00 de la mañana, dos audiencias en horarios distintos. Se espera que el Ministerio Público solicite la fusión de los expedientes, al tratarse de un mismo caso.
Las autoridades mantienen activa la búsqueda de otras 52 personas vinculadas a esta estructura criminal dedicada al fraude bancario y al robo de identidad.
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