Una comisión bicameral del Congreso Nacional avanzó este viernes en la revisión del proyecto de Código Penal dejando fuera, sin mayores obstáculos ni controversias, las denominadas tres causales para permitir la interrupción del embarazo sin consecuencias penales.
Aunque desde la conformación de la comisión se respiraba un ambiente de rechazo a las causales, la comisión materializó la exclusión de las eximentes y pronto presentará un informe donde se penaliza cualquier forma de aborto.
Las causales buscaban que los abortos no tengan sanciones si se practican cuando la vida de la madre corre peligro, cuando el embarazo es producto de violación o incesto y cuando se determina que el feto es inviable fuera del útero.
Estas causales han sido objeto de debate por años y provocaron que el proyecto del Código Penal se paralizara sin ningún avance. Sin embargo, desde la juramentación de los plenos del Senado y de la Cámara de Diputados, las causales llevaban un camino difícil porque la mayoría de los legisladores tiene una corriente conservadora.
El nuevo texto penal, según la aprobación de la comisión, penalizará todas las formas de aborto, estableciendo diferentes sanciones según las circunstancias, sin contemplar excepciones bajo estas tres condiciones.
Tipos de abortos
En la propuesta final de la comisión, que aún deberá ser aprobada por ambas cámaras legislativas, el aborto consentido, que se practica cuando una mujer accede voluntariamente a practicarse un aborto y acude a un consultorio médico, se castigará con prisión de dos a tres años contra el profesional que lo realice.
Por otro lado, se establece que el aborto provocado directamente por la mujer, mediante brebajes o medicamentos, será sancionado con dos a tres años de prisión, aunque se llegó a proponer que esta pena fuera más leve, de 15 días a un año, argumentando que la mujer “ya sufre un castigo emocional profundo por haber interrumpido el embarazo”, según declaró el diputado Eugenio Cedeño, miembro del equipo.
En cuanto al aborto forzado, que se realiza cuando una persona obliga a otra a abortar sin su consentimiento, se planteó inicialmente una sanción de 30 a 40 años de prisión, pero la propuesta fue descartada por considerarse como “excesiva”.
En consecuencia, se redujo la propuesta para que el delito sea castigado de 20 a 30 años, por considerarse más adecuada y aplicable judicialmente, evitando así “crear un marco tan desproporcionado que resultara impracticable”, según expresó Wandy Batista, el vicepresidente de la comisión.
Un informe pronto
El presidente de la comisión bicameral, el senador Santiago Zorrilla, adelantó que el informe sería emitido pronto, para que así pueda debatirse en la próxima sesión de la Cámara Alta, prevista para el martes.
“Sin lugar a dudas vamos a presentar ese informe para que sea conocido en la sesión”, dijo el senador de El Seibo en la etapa final de los estudios del Código Penal, que se podría extender a análisis durante este fin de semana.