Pedro Sánchez acaba de presentar el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Más allá del titular político, el documento incluye una promesa de transformación digital profunda del sistema de contratación pública. El Gobierno quiere poner a la inteligencia artificial a trabajar para detectar irregularidades antes de que se conviertan en escándalos.
Pero es posible que muchos se pregunten si la tecnología por sí sola podría servir para atajar la corrupción en España, uno de los problemas que lamentablemente más arraigados están en el sistema político-económico de nuestro país.
¿Cómo quiere Pedro Sánchez usar la IA para combatir la corrupción en España?
El Ejecutivo ha planteado con su nuevo plan una batería de 15 medidas para prevenir y combatir la corrupción. De todas ellas, hay una con mayor ambición tecnológica: la transformación de la Plataforma de Contratación del Sector Público en una herramienta de nueva generación, basada en inteligencia artificial, big data, automatización y código abierto.
El objetivo es pasar de una lógica de control ‘caso por caso’ a un modelo de supervisión estructural y automatizada. Una especie de sistema nervioso digital del Estado que rastree, relacione y analice todos los datos de los contratos públicos en busca de señales de alerta.
Así, lo que propone el Gobierno no es solo digitalizar el proceso de contratación (eso ya existe). La novedad está en dotar a esta plataforma de capacidad analítica avanzada para que pueda auditar miles de contratos públicos en tiempo real, detectando posibles indicios de corrupción antes de que haya denuncia o escándalo.
Para ello, la nueva plataforma se alimentará de distintas fuentes de datos:
- Registros de contratación del Estado y de comunidades autónomas
- Declaraciones de conflictos de interés
- Bases públicas sobre lobbies y grupos de presión
- Historial de sanciones administrativas
- Otros sistemas públicos relacionados con la rendición de cuentas
Toda esta información se integrará de forma interoperable, con el uso de herramientas de análisis estadístico, machine learning e inteligencia artificial.
En la práctica, eso significa que un algoritmo podría detectar, por ejemplo, que una misma empresa gana contratos con condiciones atípicas en varios municipios, que repite adjudicaciones con la misma administración sin competencia real o que aparece vinculada a lobbies con intereses cruzados. Y lo haría sin intervención humana directa, a escala masiva.
Inspiración internacional
Tal y como cita el propio texto, otros países ya están aplicando este enfoque. Ucrania tiene desde hace años la plataforma Prozorro, basada en código abierto y datos públicos, que ha logrado ahorrar millones en licitaciones públicas. En Reino Unido, la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA, por sus siglas en inglés) está probando algoritmos para detectar colusión entre empresas licitadoras. Y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) trabaja con Bélgica en modelos predictivos de riesgo aplicados a la contratación pública.
España se podría haber inspirado en estas experiencias, si bien sus planes —al menos sobre el papel— parecen ir un paso más allá: añaden auditoría ciudadana, alertas tempranas y participación activa de la sociedad civil. De esta manera, el proyecto anticorrupción contempla que asociaciones, ONG o incluso ciudadanos individuales puedan analizar y fiscalizar los contratos de mayor riesgo. Todo desde la propia plataforma.
Las dificultades: respetar la privacidad
La privacidad será probablemente uno de los grandes retos. Para cruzar tantas bases de datos sin vulnerar derechos fundamentales, el Gobierno necesitará adaptar el marco legal actual: la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Transparencia y la de Procedimiento Administrativo Común.
En teoría, todos los tratamientos de datos estarán amparados por el principio de ‘interés público’, como permite el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Pero también deberán cumplir con estrictos principios de protección: anonimización, minimización, limitación temporal y control de acceso.
En la práctica, los datos personales no relevantes deberían desaparecer de los registros públicos. Y cualquier cruce que involucre datos sensibles exigirá una evaluación de impacto en protección de datos, supervisada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
Por ejemplo, la ciudadanía podría auditar qué empresas reciben más contratos o qué patrones aparecen en licitaciones anómalas. Pero no podrá ver nombres de funcionarios o datos privados de trabajadores, salvo que se trate de altos cargos obligados por ley a declarar.
Un plan ambicioso… y con muchos deberes
El plan no está exento de dudas. ¿Qué tipo de algoritmos se van a usar? ¿Quién los diseñará? ¿Cómo se evitará el sesgo en la IA? ¿Qué garantías tendrá la ciudadanía para saber si un sistema está señalando a alguien por un motivo fundado o por una correlación estadística falsa?
Para tranquilizar esas incógnitas, el Gobierno promete que la nueva plataforma será de código abierto, para facilitar auditorías externas.
Además, el plan incluye la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, que sería el organismo encargado de supervisar todo este entramado tecnológico y legal.
¿La IA acabará con la corrupción?
Afirmar que la inteligencia artificial va a eliminar la corrupción por sí sola sería totalmente ingenuo. Sin embargo, este tipo de tecnología sí podría hacer más difícil que pase desapercibida, reduciendo el espacio para las irregularidades, haciendo más eficaz la vigilancia y empoderando a la ciudadanía para fiscalizar de verdad la actividad pública.
Si el sistema funciona, podría marcar un antes y un después en la transparencia institucional en España. Si no, se quedará en un portal más con datos que nadie usa.