El Senado sesionó este martes en primera lectura el proyecto de ley de compras y contrataciones públicas, una pieza aclamada por el Poder Ejecutivo, porque a través de ella se fortalecería el marco jurídico, incluyendo la prisión, si es necesario, para funcionarios que incurran en violación a las normas.
La normativa, que suprimirá la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, que solo ordena sanciones administrativas, fue aprobada en primera lectura y podría ser ley en la sesión del jueves, ya que fue validada dos veces en la Cámara de Diputados, donde ya había perimido en el pasado.
Para evitar tapones en la próxima sesión, el pleno leyó hasta el artículo 137 de 248. Estaría pendiente para aprobarse entre el jueves y el martes. Junto al Código Penal y Laboral, es una de las legislaciones con más prioridad en la actual legislatura, cuyo último día será el próximo 26 de julio.
Lo que contempla
En concreto, el artículo 233 condena con uno a tres años de prisión a los funcionarios que falsifiquen sus declaraciones juradas para registrarse como proveedor o participar en contrataciones.
El 234 señala que: “El servidor o funcionario público que en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, de manera dolosa (…) será sancionado con pena de dos a cinco años de prisión, multa de veinte 20 a 50 salarios mínimos del sector público e inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública por un plazo no menor de cinco años”.
En cuanto a los ciudadanos que ofrezcan sobornos a funcionarios a fin de beneficiarse con un proceso de compras en el Estado se fijan sanciones de hasta 10 años de prisión.
- Con la ley se crea el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, dependiente de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para fijar las políticas y normas a todas las instituciones, así como la ejecución de los procedimientos de contratación y planificación en el Estado.
Una vez aprobada la propuesta en la cámara alta, será enviada al Poder Ejecutivo para promulgación por parte del presidente Luis Abinader, quien anteriormente había solicitado al Congreso agilizar con la normativa.
