El Salvador elevó la deuda estatal con los fondos privados de pensiones, alimentados por los trabajadores, en más de 263 millones de dólares en los primeros cinco meses de 2025, con lo que supera los 10,789 millones de dólares en total, según las estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR) consultados este martes por EFE.

Las cifras oficiales, que el BCR retoma del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), indican que la deuda total pasó de 10,525,96 en diciembre a 10,789,19 en mayo.

Es decir, que la deuda subió 46,44 millones en enero, 47,34 millones en febrero y 77,37 millones en marzo. A esto se suma que en abril sumaron 44,72 millones y 47,36 millones mayo para totalizar 263,23 millones.

Estos recursos, que el Gobierno estaría usando para el pago de pensiones de los jubilados del sistema público abandonado a finales de la década de 1990, los toma mediante unos títulos valores que emite el ISP y que las administradoras de fondos de pensiones (AFP, privadas) están obligadas a comprar.

Este instrumento, llamado Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), suman desde abril de 2023 a la actualidad un total de 2,394,42 millones de dólares.

A esto se añaden 8,394,77 millones de Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), títulos que no pagan capital ni intereses por cuatro años desde una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialista Nuevas Ideas (NI), a finales de 2022.

Esta reforma, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, llevó a que el 89 % de los activos bajo la administración de las AFP, que para 2024 llegaron a 14,900 millones, se mantengan «en títulos de deuda pública, ya sea directa o indirectamente a través de bancos e instituciones financieras».

El FMI ha advertido que las pensiones del sistema privado han comenzado a pagarse con los recursos de la Cuenta de Garantía Solidaría (CGS), que es «un fondo común para los afiliados de las AFP«, que se utiliza cuando los pensionados agotan los recursos de su cuenta individual.

• Estos, ha dicho el FMI, se «agotarían alrededor de 2027», por lo que «es necesaria una reforma integral del sistema de pensiones«.