Estados Unidos retiró el visado a 100 funcionarios del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua que han “asaltado la democracia” en el país, informó el lunes el secretario de Estado, Antony Blinken.

En un mensaje vía Twitter, Blinken dijo que la medida tomada por la administración de Joe Biden afecta a ‘miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua, fiscales, jueces y sus familiares que impulsaron el asalto del régimen de Ortega-Murillo a la democracia”.

La medida fue tomada tras el arresto de 26 opositores desde fines de mayo, entre ellos seis aspirantes presidenciales que competirían con Ortega en los comicios del 7 de noviembre en los que el mandatario sandinista de 75 años aspira a una tercera reelección para un cuarto mandato consecutivo.

“En el contexto de Nicaragua, la política de restricción de visas del Departamento se aplica a los nicaragüenses que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o el abuso de los derechos humanos y miembros de la familia inmediata de dichas personas”, explicó el informe oficial del Departamento de Estado.

Entre los ataques a la democracia y los derechos humanos el texto menciona el arresto de los opositores y aspirantes presidenciales. Entre ellos hay además varios dirigentes políticos antisandinistas, dos exvicecancilleres, dos excomandantes guerrilleros, dos empresarios, dos líderes estudiantiles y un periodista.

También menciona la aprobación de leyes represivas ‘que han servido para restringir y criminalizar el discurso, la disidencia y la participación política”.

Una treintena de altos funcionarios del gobierno y allegados a Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo -incluidos ella y tres de sus hijos- han recibido sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos cometidas tras el estallido social de abril de 2018.

Estados Unidos acusó igualmente a Ortega por “hostigar y silenciar a la sociedad civil y los medios independientes” y “socavar las instituciones y procesos democráticos en Nicaragua”, señaló el documento.

“Estados Unidos continuará utilizando las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para impulsar la liberación de los presos políticos y apoyar los llamados de los nicaragüenses a una mayor libertad, responsabilidad y elecciones libres y justas”, subrayó.

Nicaragua vive una grave crisis política desde 2018 tras las protestas sociales contra Ortega que fueron sofocadas con violencia por la policía causando cientos de muertos, miles de heridos y detenidos y más de 100.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobierno de Managua asegura que la revuelta social fue “un fallido intento de golpe de Estado”.AP