El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) manifestó este miércoles su compromiso con una ley de manejo de residuos sólidos que sea justa y equilibrada para todos los sectores, a la vez de valorar la decisión del presidente Luis Abinader de observar el proyecto aprobado la semana pasada en el Congreso Nacional.
Durante una rueda de prensa, Alberto Leroux, presidente del CNCP, en compañía del comité ejecutivo nacional de esa organización, presentó las observaciones y propuestas para una nueva legislación de residuos sólidos que beneficie tanto al país como al sector productivo.
“Una ley que cobre igual a una microempresa y a una gran corporación desincentiva la formalización y afecta el empleo. Queremos una ley que promueva la sostenibilidad sin destruir la competitividad de las mipymes”, dijo el presidente del CNCP.
- El CNCP agrupa al mayor conglomerado asociaciones, comerciantes mayoristas, importadores y cadenas de supermercados económicos del país.
Consideró que en la modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (225-20) es necesaria una clasificación de negocios por generación de residuos, ya que no todos los negocios producen la misma cantidad de desechos y «es injusto que se les cobre lo mismo a empresas con volúmenes muy distintos de residuos».
Clasificación por grupos
El CNCP propuso una clasificación mínima en grupos (a, b, c y d) según el área de los comercios, mientras que para el pago de la contribución por la generación de residuos entiende que tendría que ser en base a las ventas y utilidades netas.
En la clasificación, considera que en el denominado “Grupo A” deben estar los negocios que solo manejan productos terminados o residuos bajos como son los colmados, almacenes de provisiones, distribuidoras y exportadoras.
En el “Grupo B” los que manejan residuos medios-bajos como los bares, restaurantes, supermercados, cafeterías y centros de diversión. En el “Grupo C” estarían los de alta generación de residuos como los hospitales, clínicas, industrias procesadoras, hoteles y grandes cadenas.
En tanto que en el “Grupo D” los negocios de máxima generación de residuos como las industrias mineras y plantas procesadoras cárnicas.
¿Cómo sería el pago de la contribución?
Leroux consideró que el pago de la contribución debe ser proporcional al tamaño y capacidad económica de la empresa, por lo que se establecería por grupo.
Las empresas que están en el “Grupo A” pagarían de la siguiente forma según sus ventas.
- Ventas hasta 1 millón de pesos? 3,000 pesos anual.
- Ventas hasta 10 millones de pesos ? 6,000 de pesos anual.
- Ventas mayores a 10 millones de pesos ? 0.25 % sobre rentas netas.
Las empresas que estén en los grupos “B”, “C”y “D” pagarían de la siguiente forma, de acuerdo a la propuesta del CNCP:
Grupo B:
- Ventas hasta 1 millón de pesos ? 5,000 de pesos anual.
- Ventas hasta 10 millones de pesos ? 12,000 de pesos anual.
- Ventas mayores a 10 millones de pesos? 0.40 % sobre rentas netas.
- Grupo C y D: o Pago del 1% sobre rentas netas anuales.
Proyecto aprobado afectaría comercios
Alberto Leroux, presidente del CNCP, advirtió que, tal como está redactado, el proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso Nacional afectaría seriamente al comercio en provisiones y a miles de pequeños y medianos negocios en todo el país.
“La imposición de tarifas desproporcionadas, sin distinguir entre el volumen real de residuos que genera una empresa y su capacidad económica, significa que un colmado de barrio pagaría lo mismo que una gran cadena que produce toneladas de desechos. Esto encarecerá los costos, reducirá la competitividad, provocará el cierre de negocios y la pérdida de empleos, aumentará los precios de productos básicos para la población y fomentará la informalidad”, dijo.
Llamado
Leroux destacó que el llamado del CNCP es claro: “queremos una ley justa, equilibrada y proporcional que proteja el medio ambiente, pero también defienda el sustento de miles de familias dominicanas”.
Destacó que en los legisladores y el presidente de la República está el tener una ley que fortalezca la gestión de residuos sólidos de manera justa y proporcional, protegiendo el medio ambiente y al mismo tiempo el desarrollo empresarial y el empleo formal en la República Dominicana.