En el corazón de un pequeño pueblo castellano con apenas 1,800 habitantes, un antiguo convento del siglo XV se ha convertido en el escenario de una disputa sin precedentes entre un grupo de monjas y la Iglesia católica.
Este viernes, un tribunal de la provincia de Burgos ordenó a nueve religiosas que abandonen el monasterio de Santa Clara, tras haberse declarado en rebeldía contra el Vaticano y ser excomulgadas.
La decisión judicial, fechada el 31 de julio y divulgada por la agencia AFP, otorga la razón a la iglesia española, que solicitó la intervención de la justicia para recuperar el control del inmueble.
El auto judicial dispone que las religiosas “desalojen, dejen libre” el convento que ocupan, sin establecer un plazo para ello, pero con una advertencia clara: si no lo hacen de forma voluntaria, se procederá al desalojo forzoso.
La historia comenzó en mayo de 2024, cuando las hermanas que habitan el convento de Santa Clara —una edificación histórica enclavada en Belorado, en la región de Castilla y León— anunciaron públicamente su ruptura con Roma.
Bloqueos
En sus declaraciones, calificaron al papa Francisco de “usurpador”, lo que desató una tormenta dentro y fuera de los círculos eclesiásticos.
La ruptura no fue solo teológica. Según alegan las monjas, la raíz del conflicto fue inmobiliaria: aseguran que el Vaticano bloqueó su intento de adquirir otro convento.
La situación escaló rápidamente cuando comenzaron a ser vinculadas con el sedevacantismo, una corriente considerada cismática por la Iglesia que rechaza la legitimidad de todos los papas posteriores a Pío XII (1939-1958).
En respuesta, la Iglesia excomulgó al grupo de religiosas, lo que intensificó el enfrentamiento. A pesar de la sanción canónica, las monjas se negaron a abandonar el convento y defendieron ante los tribunales su derecho a permanecer en él.
El pasado martes, las religiosas comparecieron ante el tribunal de Briviesca, donde insistieron en que el monasterio es de su propiedad. “Es nuestro monasterio (…) son nuestras posesiones”, afirmó ante la prensa la hermana Paloma, una de las integrantes del grupo, quien reiteró su intención de recurrir la decisión judicial en caso de un fallo adverso.
No obstante, la corte consideró que las pruebas aportadas por la Iglesia eran concluyentes. Según el auto, la Iglesia presentó la certificación del Registro de la Propiedad de Belorado, mientras que las religiosas no mostraron “título alguno que justifique y legitime el uso del inmueble”.
La resolución judicial deja abierto un margen de maniobra: no establece un plazo específico para la salida de las religiosas, pero sí deja claro que el uso del monasterio por parte del grupo carece de respaldo legal.
La situación ha generado un amplio eco en España, tanto por el carácter inusual del conflicto como por el simbolismo del lugar: un convento de más de 500 años de antigüedad, convertido en epicentro de una batalla que mezcla elementos de fe, legalidad y poder eclesiástico.
Por el momento, las monjas continúan en el monasterio. El abogado del grupo había adelantado que impugnarían cualquier orden de desalojo, lo que sugiere que el caso aún no ha llegado a su fin.
El convento de Santa Clara, cuyas piedras han sido testigo de siglos de historia religiosa, se encuentra ahora en medio de una disputa que no solo enfrenta a unas monjas con la Iglesia, sino que también interroga sobre los límites del patrimonio eclesiástico y la fidelidad doctrinal.