Santo Domingo.- El abogado Olivo Rodríguez Huertas aseguró que República Dominicana arrastra una “cultura de lenidad” frente a la corrupción pública, lo que históricamente ha impedido que los procesos judiciales concluyan con sanciones ejemplares.
“En nuestro país ha habido una cultura de permisividad hacia la corrupción. Históricamente no ha existido voluntad política ni social para enfrentar este fenómeno con la seriedad que amerita”, expresó Rodríguez Huertas.
El jurista destacó que, aunque en los últimos años se ha dado un paso hacia adelante con la judicialización de casos relevantes, la cantidad de procesos que nunca llegan a los tribunales sigue siendo mayoritaria.
“Lo que hemos tenido es una débil respuesta frente a la corrupción. Eso se refleja incluso en estudios de opinión, donde muchas veces ni siquiera aparece como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía”, puntualizó.
Lea también: Promulgación concita respaldo; ley implica sanciones duras para delitos
Desafíos de la corrupción
Durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, Rodríguez Huertas y el abogado penalista Miguel Valerio abordaron los desafíos que enfrenta el sistema judicial dominicano en materia de persecución penal, corrupción administrativa y la implementación del nuevo Código Penal.
Ambos coincidieron en que, a pesar de los avances recientes, persisten obstáculos estructurales y culturales que limitan la efectividad de la justicia en casos de alto impacto.
La complejidad de los procesos judiciales
El abogado penalista Miguel Valerio centró su análisis en la dificultad que supone procesar casos con un número elevado de imputados y pruebas extensas, lo que termina complicando la labor de jueces y fiscales.
“Cuando un proceso tiene más de tres personas, se convierte en un verdadero laberinto judicial. Y si hablamos de 30, 60 u 80 acusados, es prácticamente imposible llevarlo de manera eficiente”, sostuvo Valerio.
En ese sentido, comparó la experiencia local con la práctica estadounidense, donde se prioriza una “persecución estratégica” que permite fragmentar los expedientes y centrar los procesos en los hechos más contundentes.
“Yo prefiero procesos con dos o tres imputados, con pruebas claras y testigos sólidos. Si después hay otros elementos, se abren casos adicionales. Pero un expediente con miles de páginas y decenas de acusados es casi inmanejable”, dijo.
Al referirse a casos emblemáticos como Odebrecht y el expediente contra Alexis Medina, Valerio explicó que, aunque el Ministerio Público ha mostrado avances en la documentación de los procesos, el exceso de pruebas y la dispersión de los expedientes han dificultado la obtención de condenas firmes.
“Las juezas en el caso de Alexis Medina hablaron de que les llevaron carretillas de documentos, muchos de ellos sin relación con el expediente. Eso no ayuda a sustentar una acusación sólida”, afirmó.
La cultura de lenidad frente a la corrupción
Rodríguez Huertas insistió en que el problema de fondo en la persecución de la corrupción en el país no se debe únicamente a la complejidad de los casos, sino a una tradición histórica de permisividad.
“El sistema judicial ha demostrado que puede enfrentar con eficacia fenómenos como el narcotráfico transnacional. El desafío es aplicar esa misma capacidad a la corrupción administrativa, donde aún predominan los obstáculos”, apuntó.
No obstante, reconoció avances recientes en materia institucional, especialmente durante la actual administración.
“Hay que reconocerle al presidente Luis Abinader que ha permitido que se procese a funcionarios de su propio gobierno. Eso representa un cambio de paradigma importante, aunque tomará tiempo consolidarse”, señaló.
El nuevo Código Penal y sus implicaciones
Los juristas coincidieron en que el nuevo Código Penal introduce disposiciones clave para el combate contra la corrupción administrativa y los delitos de cuello blanco.
Rodríguez Huertas advirtió a los funcionarios públicos sobre el alcance de las nuevas normativas.
“El Código Penal amplía enormemente el abanico de inconductas que ahora están tipificadas como delitos. Los servidores públicos deben leerlo con detenimiento, porque muchas prácticas que antes quedaban en un limbo legal ahora pueden generar sanciones penales”, explicó.
Valerio, en tanto, subrayó que más allá de los cambios legislativos, será determinante la forma en que el Ministerio Público organice sus estrategias.
“Podemos tener un Código Penal robusto, pero si seguimos arrastrando procesos interminables con pruebas mal organizadas, no habrá resultados efectivos. El reto está en combinar las nuevas herramientas legales con una persecución penal estratégica”, sostuvo.
Retos del sistema judicial
Ambos coincidieron en que, aunque el sistema judicial dominicano ha mostrado avances en comparación con décadas pasadas, todavía enfrenta retos de gran magnitud.
Rodríguez Huertas insistió en que se necesita consolidar una cultura de sanción real contra la corrupción, mientras que Valerio recalcó que la eficiencia judicial pasa por simplificar los procesos y evitar que los expedientes se conviertan en una carga inmanejable.
“En lugar de juicios interminables con decenas de imputados, lo que necesitamos son casos bien estructurados, con pruebas directas y testimonios claros. Eso es lo que garantiza resultados”, concluyó Valerio.
The post Nuevo Código Penal: ¿una herramienta suficiente contra la corrupción? appeared first on El Día.