El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda y Economía, sometió al Congreso Nacional el proyecto que modifica la Ley 80-24, que aprueba el Presupuesto General del Estado para 2025.
La iniciativa plantea la aplicación de una política fiscal contracíclica, orientada a mitigar los efectos de la coyuntura internacional y proteger el dinamismo de la economía nacional, mediante un incremento en el gasto de capital, priorizando la inversión pública como motor para impulsar la actividad económica y promover un crecimiento sostenible.
En total, los ingresos estimados para 2025 ascienden a 1,277,364.7 millones de pesos, equivalentes al 16 % del producto interno bruto (PIB) proyectado.
En materia de gastos, se plantea un aumento neto de 69,740.2 millones de pesos (4.7 % más que lo aprobado inicialmente), con una expansión del 20 % en el gasto de capital, equivalente a 35,548.25 millones, es decir, 0.4 % del PIB, según detalla una nota de prensa de Hacienda.
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Estos recursos adicionales se destinarán principalmente a proyectos de inversión pública que estarán a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de la Vivienda, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, el Servicio Nacional de Salud, la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial y los gobiernos locales, entre otras instituciones.
Asimismo, el incremento en el gasto incluye la atención de prioridades en salud, seguridad nacional y programas sociales, además de recursos adicionales para organismos constitucionales.
Entre ellos, se destacan acciones para mejorar las condiciones de los centros de salud y apoyar la reforma policial.
Como resultado, se proyecta un aumento del déficit fiscal, que pasará del 3.0 a 3.47 % del PIB estimado para 2025. Sin embargo, este incremento será financiado principalmente con excedentes de ejercicios presupuestarios anteriores, lo que asegura que no se generen presiones adicionales sobre la deuda pública.
Este proyecto garantiza el cumplimiento de la regla fiscal establecida en la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, asegurando que la expansión del gasto se realice de manera equilibrada, sin comprometer la sostenibilidad ni la estabilidad macroeconómica.