Consejo de Ministros: conocen sanciones en la administración pública

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El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron este miércoles el quincuagésimo primer Consejo de Ministros, que tuvo como tema principal conocer los tipos penales relacionados con la administración pública del nuevo Código Penal, así como la nueva Ley de Contrataciones Públicas.

Las informaciones fueron dadas a conocer por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, tras finalizar el encuentro en el Palacio Nacional, que duró más de dos horas.

Manifestó que las nuevas normativas buscan consolidar la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

Código Penal

La procuradora general de la República, magistrada Yeni Berenice Reynoso, fue quien presentó los principales aspectos del nuevo código, el cual incorpora una tipificación más rigurosa y moderna de los delitos vinculados a la administración pública, según explicó.

Entre las novedades se destacan sanciones más severas para casos de corrupción administrativa, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, colusión en contrataciones públicas, soborno, peculado y lavado de activos.

Además, introduce disposiciones que refuerzan la responsabilidad penal de funcionarios y servidores públicos, así como mecanismos para garantizar mayor efectividad en los procesos judiciales relacionados con estos delitos.

La pieza también incorpora estándares internacionales de lucha contra la corrupción, alineando el marco jurídico dominicano con las recomendaciones de organismos multilaterales, lo que representa un paso firme hacia la consolidación del Estado de derecho y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas

El director de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó en la reunión los detalles de la nueva legislación, promulgada en julio de 2025.

Entre sus avances destacan la implementación de la plataforma Pladicop para la trazabilidad digital de los procesos y la incorporación de sanciones penales para actos de corrupción.

También para la promoción de la inclusión social (con un 30 % de las compras reservadas para Mipymes y empresas lideradas por mujeres), así como el uso de inteligencia de datos y gestión de riesgos para optimizar la inversión pública.

Fortalecimiento de la integridad pública

La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, presentó los resultados de los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que destacan los importantes avances del país en transparencia e integridad pública.

Estos informes forman parte de un plan de acción que busca robustecer el marco institucional dominicano, promoviendo un modelo de gestión sostenible, transparente y eficaz en todos los ámbitos gubernamentales y sociales.

Obras de infraestructuras

Durante el encuentro se presentó el libro: “5 años construyendo el país que queremos”, una publicación que recopila todas las obras de infraestructura culminadas y en desarrollo durante la gestión del presidente Abinader, entre 2020 y 2025.

El ministro Paliza manifestó que, con una inversión superior a 600 mil millones de pesos, dentro del Plan Nacional de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo – que activa recursos por más de 753 mil millones de pesos –, las iniciativas han “priorizado proyectos de alto impacto social en carreteras, hospitales, escuelas, universidades, viviendas, agua potable y espacios comunitarios”.

Entre las obras más relevantes, Paliza citó la Línea 2C del Metro y el Teleférico de Los Alcarrizos, la ampliación de la Línea 1 del Metro, la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar, el Hospital Padre Billini, la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, la solución vial en la avenida República de Colombia y las nuevas centrales de generación energética en Manzanillo.

Eficiencia energética

Finalmente, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó sobre la implementación de una medida de ahorro energético en instituciones estatales, con el objetivo de optimizar recursos y contribuir a la sostenibilidad ambiental.

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