El presidente Luis Abinader respondió este lunes a cuestionamientos sobre los acuerdos de oportunidad alcanzados entre el Ministerio Público y algunos imputados por corrupción, así como a inquietudes sobre la devolución de fondos al Estado y el manejo de expedientes remitidos desde el Poder Ejecutivo.

Durante su intervención en el espacio LA Semanal con la Prensa, el mandatario sostuvo que su gobierno no interfiere en las decisiones judiciales y reiteró que el Ministerio Público actúa de manera independiente, conforme a la Constitución reformada en su gestión.

“Uno de los mayores avances ha sido tener un Ministerio Público independiente. Nosotros enviamos los casos, con toda la transparencia, y ellos deciden si tienen méritos o no. No nos corresponde opinar sobre sus decisiones, solo respetarlas”, expresó Abinader al ser cuestionado sobre la percepción ciudadana de que los acuerdos con encartados podrían interpretarse como “premios a la impunidad”.

Expresó: “Es una decisión de ellos y no nos toca a nosotros opinar sobre su decisión, sino solamente respetarla”.

“Yo no quiero opinar sobre los temas del Ministerio Público”, enfatizó.

Añadió: «Yo no me involucro, repito otra vez, en los temas judiciales. Ahora, a mí lo que me toca es, como lo hice en el último Consejo de Gobierno, decirle a mis funcionarios que si ellos cometen actos de corrupción, los primeros que vamos a llevar los papeles y las pruebas al Ministerio Público somos nosotros mismos. Eso es lo que a mí me toca».

«Vamos a hablar claro es una cultura de corrupción que ha habido en la República Dominicana. Uno de mis mayores objetivos y de mis mayores tareas es tratar de que cada centavo de la República Dominicana se dedique a invertir«, dijo.

Informes remitidos a la Procuraduría

Previo a las declaraciones del jefe de Estado, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, explicó que su oficina ha enviado a la Procuraduría General de la República entre cinco y seis informes con indicios penales, entre ellos el denominado “caso Lobo”, publicado en el portal del órgano persecutor.

Ortiz Bosch precisó que, por mandato de la ley procesal penal y de la propia ley del Ministerio Público, esos expedientes no pueden ser divulgados por el Poder Ejecutivo sin autorización de la Procuraduría.

En cambio, dijo que sí están en curso más de 200 casos de carácter administrativo, relacionados con faltas tipificadas en la Ley 41-08 de Función Pública, que serán entregados al país a finales de este mes tras una mesa de trabajo con el Ministerio de Administración Pública.

Nuevo Código Penal y castigo a la corrupción

Consultado nuevamente sobre la utilidad de los acuerdos judiciales para recuperar dinero del Estado, como en el caso de Maxy Geraldo Montilla Sierra —cuñado del expresidente Danilo Medina—, Abinader se abstuvo de evaluar la estrategia procesal del Ministerio Público.

• Sin embargo, resaltó que el nuevo Código Penal endurece las sanciones contra la corrupción, lo que, a su juicio, representa un mensaje disuasivo a actuales y futuros funcionarios.

“Con el nuevo Código Penal las sanciones a los funcionarios corruptos son mucho mayores. No es tan fácil escapar si son señalados y si hay pruebas. Este es un código sumamente duro con los actos de corrupción”, afirmó.

AFP y cuentas de fallecidos

En otro tema, el presidente abordó la denuncia del director de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) sobre más de 117 mil cuentas bancarias de personas fallecidas vinculadas a fondos de pensiones.

Consideró positivo que la institución haya tomado acción para facilitar a los familiares el acceso a esos recursos y reiteró que la DIDA está abierta a recibir denuncias y acompañar los reclamos.

“Ese es un paso positivo de respeto a los derechos de los familiares”, comentó el mandatario.