Santo Domingo.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) acusó este miércoles a la directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch, de amenazar a su presidente, Julio César De la Rosa Tiburcio, con someterlo a la justicia por supuesta difamación ante la acusación de haber incurrido en prevaricación en una denuncia contra el exministro de Educación, Ángel Hernández.
Dijo que dicha amenaza está contenida en una respuesta emitida por la ex vicepresidenta mediante un comunicado bajo el título ¿Prevaricación o Difamación?
La organización reiteró que seguirá haciendo su labor de denuncias contra todos aquellos servidores públicos, que incurran en irregularidades.
«El propósito de amedrentarnos con la respuesta anunciada públicamente por la ex vicepresidenta bajo el título ¿Prevaricación o Difamación? No lo va a lograr, esperaremos el sometimiento, con la misma responsabilidad con la que le acusamos de haber prevaricado», sostuvo la entidad.
Anunció el inicio de gestiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en procura de una medida cautelar, que detenga cualquier despropósito del poder por parte de la funcionaria.
Indicó que la supuesta amenaza de Ortíz Bosch se produce ante la acusación en su contra de haber incurrido en prevaricación al ordenar el archivo de la denuncia presentada por ADOCCO, el 2 de octubre del año 2023, contra el entonces ministro de Educación Ángel Hernández, por haber ocultado en su declaración jurada de patrimonio, presentada 6 meses después de su designación, la existencia de una compañía de la comunidad conyugal, que adquirió un inmueble por 31 millones de pesos, estando en el cargo.
«Ante el archivo de la denuncia por la DIGEIG, el día primero de septiembre, ADOCCO, sometió ante el PEPCA al ex ministro de Educación Ángel Hernández, por omitir y ocultar en su declaración jurada de bienes el principal activo familiar, su empresa familiar con fines de lucro, con mayor capital invertido, se trata de Constructora Playa Morón, la cual no aparece en su declaración jurada de bienes», subrayó.
Expresó que dicha empresa fue registrada por Ángel Hernández, ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual, el 31 de Enero de 2022, mediante el número de registro 4754-2022.
«Esto fue 7 meses antes de ser nombrado ministro de Educación, posteriormente, el 17 de marzo de 2022, la empresa fue formalmente constituida, con el Registro Nacional de Contribuyente No. 1-32-57050-2 y el Registro Mercantil No. 1827855D», agregó.
Explicó que la empresa Constructora Playa Morón tiene como propietarios a la esposa del Ministro Ángel Hernández, Miriam de Jesús Acosta Peralta y a su hija, Alejandrina María Hernández Acosta el 29 de septiembre de 2022.
Añadió que un mes después de que Hernández ocupara el cargo de ministro de Educación, la empresa Constructora Morón realizó la compra de los terrenos o Inmueble identificado con el No. 414346065286, que tiene una superficie de 7,854.74 metros cuadrados, matrícula 3000537349, ubicado en Las Terrenas, Samaná, por lo cual pagó RD$ 31,095,000.00.
» Llama la atención que, al revisar el precio referencial de los terrenos de esa zona, el valor estimado de una propiedad como esa, es de más de US$ 4,000,000.00, igualmente, la propiedad no registra ningún gravamen, actualmente, por lo que se presume que la compra de la propiedad fue realizada en efectivo, sin embargo, al ver la declaración de ingresos del exministro y de su esposa, los ingresos que reportan no coinciden con una compra de una propiedad de ese valor», enfatizó.
De acuerdo a Adocco, la omisión de la inclusión de esta empresa, en la declaración jurada de bienes de Ángel Hernández, constituye una violación al Artículo 05 y el Artículo 08, Acápite 04, de la Ley 311-14, ya que el exfuncionario estaba obligado, por ley, a proveer una relación verídica de todos los activos y pasivos de su comunidad conyugal.
En ese sentido, ADOCCO solicitó a Ministerio Público acoger formalmente la presente denuncia querella y solicitud de investigación criminal en contra de Ángel Hernández, por violación a las disposiciones penales, contempladas en la Ley No. 311-14 que instituye el Sistema Nacional de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos y la Ley No. 155-17.
Asimismo solicitó que se proceda a identificar a quienes junto Hernández participaron en los hechos que denuncian, así como recaudar los medios de pruebas pertinentes a los fines de formalizar la acusación penal correspondiente.
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