Las investigaciones del Ministerio Público revelan que la red de piratería digital desmantelada mediante la “Operación Domo” implementaba un esquema altamente estructurado y tecnológicamente sofisticado para vulnerar sistemas de seguridad de plataformas de streaming y canales de televisión de paga, en perjuicio de reconocidas compañías internacionales y del Estado dominicano.
De acuerdo con el expediente, los imputados Leonardo Alberto Casci Ocumarez, Raúl Ernesto Guzmán Lora, Keomirys Torres López y Víctor Luís Torres López utilizaban plataformas como IPTV66 y Servidor Privado para comercializar accesos ilegales a más de 1,400 canales de televisión y 14,000 películas y series, incluyendo contenidos exclusivos de servicios como Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video.
El modus operandi consistía en descifrar y compartir claves de acceso (IKS), que luego eran revendidas bajo la modalidad de suscripciones ilícitas. Estas transacciones se ejecutaban a través de pagos en criptomonedas y transferencias en cuentas bancarias nacionales e internacionales, lo que permitió a la organización movilizar sumas millonarias.
Generaban millones de pesos
En una de las cuentas locales vinculadas a la red se identificaron movimientos superiores a 280 millones de pesos, mientras que por concepto de suscripciones a señales pirateadas se detectaron depósitos que superan el millón de dólares.
Según la acusación, los beneficios obtenidos eran incorporados posteriormente al sistema financiero como parte de un esquema de lavado de activos.
El Ministerio Público precisó que la estructura no solo actuaba en territorio dominicano, sino que tenía un carácter transnacional, confirmando que varios de los imputados habían sido condenados en Estados Unidos en 2017 por delitos similares de piratería digital.
Solicitan prisión
La operación que condujo a los arrestos fue ejecutada en conjunto con el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat) y el Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, con el apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI).
En total, participaron 30 fiscales en 19 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Jarabacoa (La Vega).
Mientras tanto, la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo jueves 24 el conocimiento de medidas de coerción contra los cuatro imputados.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva, petición que fue objetada por los abogados defensores, quienes calificaron el caso como de “bagatela” y alegaron que no existe riesgo de fuga ni de reincidencia.