El exteniente coronel de la Policía Nacional, Hans Wender Lluberes Sánchez, acusado de ser uno de los cabecillas de una estructura de narcotráfico internacional, fue recibido este martes en calidad de deportado desde Estados Unidos, en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG).
El exoficial, que llegó al país en un vuelo procedente de Miami, fue custodiado por unidades tácticas de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y entregado al Ministerio Público de Santo Domingo Este, que lo presentará ante el tribunal correspondiente para responder por las acusaciones en su contra.
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Según el expediente judicial, Lluberes Sánchez fue declarado en rebeldía en diciembre de 2019, tras ausentarse del proceso que se le seguía por su presunta vinculación con una red que introdujo al país nueve maletas con 450 paquetes de cocaína, con un peso total de 454 kilogramos, incautados el 17 de marzo de 2015.
El cargamento fue detectado por unidades operativas de la DNCD durante labores de inspección en el AILA, cuando arribó una aeronave procedente de Venezuela.
Otros agentes componían la red
En relación con este caso, el Ministerio Público de Santo Domingo Este obtuvo en 2019 condenas de 30, 20, 18 y 5 años de prisión contra nueve implicados en la red que, según la Procuraduría General de la República, dirigía Lluberes Sánchez.
El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este impuso 30 años de prisión a los pilotos venezolanos Francisco Javier Velásquez Tory y Edmundo José Medina Torrealba.
También fueron sentenciados a 20 años de prisión el exsegundo teniente del Ejército Jesús Elías Pérez Vásquez, el excapitán Roberto Segura Peña y el exagente de la DNCD José Luciano, asignado a la terminal aérea.
Asimismo, el tribunal condenó a 18 años de cárcel al empleado de SERVAIR (empresa de gestión de aviación privada y comercial), Francisco Javier de Paula Mena; mientras que los venezolanos José Nicolás Velásquez Murcia, José Manuel Houtman Fonseca y Mirian de Jesús Díaz Marín, que figuraban como pasajeros, recibieron penas de cinco años de prisión cada uno.
El grupo fue hallado culpable de violar varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio del Estado dominicano.