Después de un año de tranques y estudios, el Senado aprobó este jueves en segunda discusión el proyecto de reforma laboral que modifica algunos artículos del Código de Trabajo, como lo propuso el presidente Luis Abinader.
El proyecto que aprobaron los senadores, con 22 votos a favor, no toca en ningún aspecto el beneficio de la cesantía, desconociendo así las propuestas del empresariado que, a través de una carta, pidió cambios a ese punto.
Las propuestas del empresariado incluyen considerar un promedio de salarios devengados en vez del último año de salario del trabajador para calcular la cesantía y establecer un tope de diez salarios mínimos del sector para determinar el salario base para su cálculo.
Sin embargo, a pesar de sus constantes propuestas, el Senado decidió aprobar la reforma laboral sin ningún cambio a la cesantía.
- Ahora el proyecto irá a la Cámara de Diputados para cumplir con el mismo proceso de aprobaciones.
El proyecto también deja afuera el cambio propuesto por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) que proponía que la propina legal del 10 % que ya se cobra en los restaurantes se cobre también en los pedidos a domicilio.
Antes de la aprobación, el senador Ramón Rogelio Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), dijo que la cesantía se quedará intacta en el Congreso a pesar “de las insistencias necias” del empresariado.
En medio de la aprobación, el senador de La Vega propuso una modificación al Código de Trabajo para que no esté prohibida la propaganda religiosa en las labores, como estaba estipulado en la ley vigente. Su propuesta se aprobó sin trabas.
Además, los senadores excluyeron el término “orientación sexual” del principio VII del proyecto que disponía la prohibición de cualquier tipo de discriminación o exclusión basadas en motivos de género, edad, raza, color, ascendencia nacional, opinión política o creencia religiosa.
Un año sin resultados
El proyecto de la reforma laboral se aprueba un año después de su sometimiento. La iniciativa fue depositada por el Poder Ejecutivo en octubre del 2024, pero perimió porque no se aprobó en el plazo constitucional establecido.