Este artículo fue publicado originalmente en El Día.

Santo Domingo, RD. – La centralización del sistema sanitario bajo el discurso de eficiencia ponen en riesgo la salud en el país y la vida de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

Esto lo aseguró el médico y empresario José R. Yunen, quien sostuvo que un nuevo esquema de redistribución de fondos que pretenden aprobar las autoridades regulatorias los próximos días, no apunta a corregir las ineficiencias estructurales, sino a reconfigurar el equilibrio de poder dentro del sistema.

El presidente del Grupo Yunen afirmó que “el riesgo es que se traslade el costo de la crisis a las ARS más pequeñas, reduciendo su capacidad de negociación y favoreciendo una concentración del mercado en manos del Estado y un grupo limitado de aseguradoras privadas con alto poder económico y político”.

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“Un sistema sin auditorías independientes ni reglas uniformes no necesita más presupuesto: necesita rendición de cuentas y controles reales”, puntualizó el doctor Yunen, quien tiene hoja de largos años en el aseguramiento y la prestación de servicios de salud.

Explicó que la concentración excesiva de poder y la incertidumbre regulatoria pueden disuadir la inversión y debilitar los sectores que más han aportado a la modernización sanitaria: turismo médico, salud digital, telemedicina e innovación clínica.

“Cuando los incentivos se distorsionan, los actores más innovadores se retiran o emigran, y el país pierde competitividad”, indicó el presidente del Grupo Yunen, empresa familiar con más de 60 años en el sector de la salud del país.

Resaltó que las cifras pueden auditarse, pero la confianza no. “Cuando las reglas del juego se ajustan para proteger intereses y no pacientes, se erosiona el pacto social que sostiene el sistema. Y en salud, la falta de transparencia se traduce en vidas afectadas”, comentó.

Yunen, quien tiene cuatro especialidades médicas y larga trayectoria en el sistema de salud, resaltó que el país merece un sistema justo, competitivo y transparente, no un modelo centralizado y discrecional.

“Las políticas públicas deben premiar la eficiencia, no la cercanía política; la integridad, no la opacidad. Quienes hayan administrado fondos públicos sin apego a las normas deben ser auditados con evidencia, pero no se puede castigar a los que sí cumplen. La salud no puede ser rehén del poder ni víctima del silencio”.

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SILSALRIL) tiene en la mesa una propuesta de modificar la forma de distribución del dinero pagado por los afiliados al sistema de salud social (per cápita), recaudado a través de la Tesorería de la Seguridad Social, de acuerdo con la siniestralidad de los asegurados a las ARS.

Las autoridades anunciaron a mediados de año el fortalecimiento histórico de ARS Senasa, con 2 millones de afiliados y, sin embargo, luego se destapó el escándalo sobre pérdidas de esa aseguradora que rondan los 22 mil millones del sistema público de aseguramiento.

Las causas señaladas van desde procesos de facturación sin control hasta sobre pagos y afiliaciones irregulares, lo que ha generado un déficit creciente en el régimen subsidiado.

La Fundación Juan Bosch había advertido que el déficit de 2024 supera los 5 mil 165 millones, lo que sugiere que la situación actual no surgió de la nada, sino de un modelo de gestión que requiere transparencia y controles efectivos.Este artículo fue publicado originalmente en El Día

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