En la propuesta de reforma del régimen político-electoral que presentó ayer, la Junta Central Electoral (JCE) propone la supresión de la obligación legal que tiene actualmente de organizar primarias de partidos políticos.
“Depositar en el organismo de gestión electoral la responsabilidad de organizar, reglamentar, administrar y arbitrar los procesos internos de las organizaciones políticas, independiente de cuál sea el método utilizado, sería trasladar las inconformidades y conflictos internos de las organizaciones políticas a la Junta Central Electoral”, argumentó el presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo en el acto de presentación de la propuesta legislativa.
Consideró que lo más conveniente es que las organizaciones políticas administren sus procesos internos, a través de sus comisiones electorales, con la asistencia logística de la Junta.
La entidad también sugiere la eliminación del voto preferencial en el nivel municipal, proponiendo que los regidores y vocales sean electos mediante listas cerradas y bloqueadas.
Procura que se imponga por ley la obligatoriedad de los debates electorales entre los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República y que sea opcional para los postulados en los demás niveles.
Financiamiento
Recomienda fijar el monto del financiamiento a los partidos en un medio por ciento del presupuesto general de la nación en los años de elecciones y de un cuarto porciento en periodos no electorales, como establecía la antigua ley electoral.
Favorece que los partidos de nuevo reconocimiento accedan al financiamiento público y que se fortalezcan los requisitos para su registro legal, exigiendo que los ciudadanos que den su consentimiento estén afilados a estos. Prevé que tanto las decisiones de la JCE sobre el reconocimiento de los partidos y sobre las alianzas puedan ser impugnadas ante el Tribunal Superior Electoral, en vez de la jurisdicción administrativa.
Sugiere también la disminución del tope de los gastos en la campaña en 65% y en la precampaña de 75%.
Con esa propuesta, el límite de gastos en el nivel presidencial bajaría de 527 millones de pesos a 131 millones durante la precampaña, y de 922 millones a 322 millones en la campaña.
La iniciativa del organismo electoral persigue además la disminución de las contribuciones individuales hechas por particulares a los precandidatos de un uno a un 0.50%
Propone cambiar las disposiciones sobre la cuota de género por el principio de igualdad, a fin de establecer el sistema de representación en las candidaturas plurinominales de 50% para mujeres y hombres.
Se incluye la tipificación y sanción de la violencia política de género, que ocurrirá cuando se afecten los derechos políticos electorales o el desempeño de los cargos que ostenten
Plantea que del 10% del financiamiento público que los partidos deben destinar a la capacitación y educación, un 3% se reserve a la formación de las mujeres.
Wanda Méndez/LD/JC