Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Santo Domingo. – La audiencia para el conocimiento de medida de coerción contra los imputados en el caso corrupción y desfalco, en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), fue aplazada para el próximo jueves 11 de diciembre
La decisión fue adoptada por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional con el fin de permitir que las partes conozcan íntegramente la acusación presentada por el Ministerio Público, así como las querellas introducidas por los actores civiles.
Previo al aplazamiento, los imputados fueron trasladados bajo un dispositivo de seguridad reforzado por la unidad de traslado de alto riesgo hacia el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se desarrolla el proceso.
De acuerdo con los abogados de la defensa, el expediente supera las 500 páginas, por lo que consideran necesario un tiempo adicional para su estudio y preparación de sus argumentos. Señalaron además que analizarán las imputaciones formuladas, entre ellas la tipificación de lavado de activos, las cuales, indicaron, serán debatidas ante el tribunal.
Mientras que la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, indicó que el órgano acusador cuenta con un expediente sólido que respalda las imputaciones formuladas en el caso.
La procuradora de corte Mirna Ortiz habló tras salir de la audiencia.
“Contamos con un legajo de pruebas, tanto testimoniales como documentales, que, cuando se conozca la medida de coerción, demostrarán cada una de las imputaciones que hemos realizado, así como los tipos penales atribuidos en este proceso”, indicó.
Ortiz señaló además que, según la investigación, el fraude asciende a unos 15 mil millones de pesos, de los cuales más de 2 mil millones habrían sido pagados en sobornos a altos funcionarios vinculados al caso.
La continuación de la medida de coerción está programada para este jueves, cuando el Ministerio Público y las defensas presentarán sus exposiciones ante el tribunal.
El desarrollo del caso continuará siendo objeto de seguimiento por las partes y la opinión pública.
