Ecuador termina 2025 con un nuevo récord de asesinatos, al contabilizar hasta el 19 de diciembre 8,847 homicidios, según cifras difundidas por el comandante de la Policía, Pablo Dávila, una escalada de violencia sin precedentes que las autoridades atribuyen a la disputa de poder y territorio entre bandas de crimen organizado.
Ese número supera los 7,063 homicidios que hubo el año pasado y los 8,248 de 2023, que hasta hace poco era considerado el año más violento, uno de los factores por los que el presidente Daniel Noboa declaró a inicios de 2024 un «conflicto armado interno» para intensificar la lucha contra los grupos criminales, a los que denominó como «terroristas», y militarizó las cárceles.
El escenario ya lo anticipaban organizaciones como el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), que a mitad de año señaló que el país había cerrado el primer semestre con 4,619 homicidios, la cifra más alta reportada hasta ese momento, y que si se mantenía esa tendencia el año terminaría con más de 9,000 asesinatos.
Mientras que Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED, en inglés) indicó en un informe que Ecuador registraría a finales de 2025 la tasa de homicidios más alta de toda América Latina por tercer año consecutivo, «rompiendo así su propio récord».
Las zonas más violentas
El mes más violento fue mayo, en el que se contabilizaron 934 asesinatos, un promedio de 31 cada día, lo que llevó a Noboa a mover a la cúpula policial y militar hacia la ciudad de Guayaquil, la más poblada del país y denominada como «epicentro de la violencia criminal», debido también al alza de secuestros, extorsiones y explosiones.
La provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil, concentró 3,771 asesinatos de los 8.393 que había hasta noviembre, según cifras del Ministerio del Interior.
Le siguen otras zonas costeras, azotadas por la criminalidad vinculada principalmente al narcotráfico, como la provincia de Los Ríos, con 1,167 homicidios; Manabí, con 1,162; y El Oro, con 708 asesinatos. Bajo todas ellas rige un estado de excepción decretado por Noboa a inicios de noviembre.
Durante el año hubo matanzas carcelarias, coches bomba, y el asesinato de once militares en medio de un operativo contra la minería ilegal en la Amazonía, un ataque atribuido a Los Comandos de la Frontera, disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
Una de las últimas masacres ocurrió el domingo en Puerto López, en Manabí, donde seis personas que estaban en una zona de compra y venta de mariscos fueron asesinadas por hombres que atacaron con fusiles. Entre las víctimas está una niña de dos años y su madre, que limpiaba pescado, según reportaron medios locales.
De forma preliminar, la Policía atribuyó el ataque armado a «disputas internas entre estructuras delictivas organizadas».
El general Dávila aseguró recientemente que el año pudo haber terminado con 11,944 homicidios, pero que no llegaron a ese «escenario crítico» por las estrategias que implementaron.
Afirmó que se enfocaron en debilitar y desarticular a las bandas criminales y destacó que detuvieron a cinco de los máximos cabecillas, entre ellos Adolfo Macías (‘Fito’), líder de Los Choneros y extraditado a Estados Unidos; y Wilmer Chavarría (‘Pipo’), quien dirigía a Los Lobos, las dos bandas más grandes del país.
Sin embargo, ACLED asegura que esas capturas provocan fragmentación y mayor violencia, y que «a menos que un grupo del crimen organizado logre establecer su hegemonía o que el Gobierno tome el control de las cárceles y establezca una presencia más permanente en las comunidades asoladas por los grupos criminales, es probable que la violencia siga aumentando» en 2026.
