Pedro Sánchez ha aprovechado su intervención en la Cumbre Mundial de los Gobiernos en Dubái para anunciar un veto a las redes sociales para los menores de 16 años. «Nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca debieron transitar solos… Ya no lo aceptaremos», expresó el líder de Gobierno, anunciando también un paquete de cinco medidas legislativas que buscan regular los abusos de las plataformas digitales contra los menores y la amplificación de contenido ilegal y discursos de odio.
Sin embargo, esta no es la primera vez que un jefe de Estado se plantea una prohibición tan amplia. El primer país en poner en práctica la medida fue Australia en diciembre de 2025. Siguiendo su ejemplo, se sumó Francia el pasado mes, convirtiéndose en el primer país europeo en legislar la prohibición del uso de las redes sociales a menores. Otros Estados, como Irlanda, Dinamarca, Grecia, Italia o el Reino Unido, están barajando una legislación similar.
Cómo funciona la prohibición de las redes para menores
A diferencia de Australia o España, que han fijado la edad mínima para usar redes en 16 años, Francia ha optado por que sean los menores de 15 años los que se queden sin acceso. En este contexto, los menores franceses no pueden crear nuevas cuentas y las ya existentes cerrarán a finales de diciembre del 2026. En el caso australiano, el Gobierno se han instaurado sistemas de verificación de edad estrictos, que obligan a las plataformas a comprobar la edad antes de permitirles crear una cuenta.
En la práctica, la legislación busca trasladar la responsabilidad a las propias plataformas tecnológicas. En Australia existen ya sanciones millonarias si no se bloquea el acceso a menores. Si las autoridades judiciales determinan que no han hecho lo suficiente, el tribunal puede imponer sanciones económicas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (unos 30 millones de euros) a cada plataforma infractora.
La prohibición de las redes en España
Entre las medidas anunciadas por Pedro Sánchez se incluye poner fin «a la impunidad de los directivos» para que sean legalmente responsables de las infracciones que se comentan en las plataformas digitales de las que son responsable; la tipificación como delito de la manipulación de los algoritmos; y la mencionada prohibición en España del acceso a redes sociales a menores de 16 años obligando a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad.
Pero también, la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una Huella de Odio y Polarización; y abordar junto a la fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instragram.