El caso que involucra a los lanzadores dominicanos Luis Ortiz y Emmanuel Clase no solo amenaza con sacudir a los Cleveland Guardians, sino que podría convertirse en uno de los episodios más delicados en la historia reciente del béisbol.
Según un detallado informe publicado por Ken Rosenthal en The Athletic, la defensa de Ortiz ha dado un giro contundente: sostiene que el lanzador no fue un participante voluntario en el esquema, sino una pieza utilizada por Clase dentro de una presunta red de apuestas ilegales.
En documentos judiciales recientemente desellados, el abogado de Ortiz, Christos N. Georgalis, solicitó formalmente a un juez federal que los casos sean separados. El objetivo es claro: evitar que su cliente sea procesado junto a Clase y establecer que su presunta implicación habría sido resultado de engaño y manipulación.
La diferencia en la magnitud de las acusaciones es el pilar de esta estrategia.
Mientras la defensa de Clase habría reconocido la existencia de más de 250 lanzamientos bajo sospecha picheos en los que se habrían realizado apuestas específicas, la acusación contra Ortiz se limita a apenas dos lanzamientos cuestionados.
Para el equipo legal de Ortiz, esa disparidad demostraría que no existió una participación activa ni sistemática por parte de su cliente.
Los fiscales federales han recopilado lo que describen como una vasta evidencia digital: más de 60,000 mensajes de audio, 19,000 archivos PDF y miles de fotografías y videos extraídos de los teléfonos de Clase y de un apostador no identificado.
Sin embargo, un elemento podría resultar determinante para la defensa de Ortiz: hasta el momento, no se ha encontrado comunicación directa entre él y los apostadores.
La acusación sostiene que Clase habría recibido pagos para coordinar ciertos lanzamientos y presuntamente involucrar a Ortiz, aunque sin que este último conociera la dimensión completa del esquema.
Si este argumento prospera en los tribunales, el caso podría redefinir las responsabilidades individuales dentro de tramas de apuestas deportivas en el béisbol profesional.
En medio del proceso judicial, surgió una declaración que ha generado asombro. El apostador implicado afirmó bajo juramento que sus constantes comunicaciones con Clase no estaban relacionadas con el béisbol, sino con el negocio de peleas de gallos en la República Dominicana.
Según su versión, el dinero transferido correspondía a gastos operativos vinculados a la crianza y mantenimiento de aves de combate.
La explicación, aunque presentada formalmente ante la corte, ha añadido un componente aún más polémico a un caso que ya estaba cargado de controversia y que mantiene en vilo tanto a la organización de Cleveland como al entorno de las Grandes Ligas.