La Unión Europea prevé mantener a Panamá en su lista de jurisdicciones que no cooperan con el bloque comunitario en materia tributaria, un grupo al que incorporará también a Vietnam y Turcos y Caicos tras la actualización que prevén aprobar mañana martes los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete
Por el contrario, saldrán de la lista Fiji, Samoa y Trinidad y Tobago, según avanzaron este lunes fuentes diplomáticas europeas.
Tras esa actualización, en el repertorio figurarían un total de diez jurisdicciones: Samoa Americana, Anguila, Guam, Palau, Panamá, Rusia, las Islas Vírgenes estadounidenses, Vanuatu, Vietnam y Turcos y Caicos.
La lista, que funciona desde 2017 y se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios, y que además no dan pasos para atajar esos problemas.
Figurar en ella no conlleva sanciones económicas, más allá de la prohibición de que los fondos europeos transiten por entidades radicadas en estas jurisdicciones y de medidas administrativas, como auditorías más frecuentes, aunque los Estados pueden decidir a nivel nacional imponer otro tipo de penalizaciones.
La UE monitoriza regularmente a casi un centenar de jurisdicciones para asegurar que cumplen sus estándares en materia de cooperación fiscal. Aquellas que no cumplen pero se comprometen a enmendar su legislación son incluidas en la llamada «lista gris», mientras que las que no adoptan este compromiso o no lo implementan a tiempo figuran en la conocida como «lista negra».
Eliminará casi 300,000 personas jurídicas suspendidas
El Gobierno de Panamá anunció este miércoles un proceso para eliminar casi 300,000 “personas jurídicas suspendidas”, sociedades anónimas sin actividad, del registro en medio de los esfuerzos por dejar de ser considerado un paraíso fiscal y continuar con la salida de listas de blanqueo de capitales.
“Este proceso de disolución es algo que está ayudando al país a salir de las listas negras internacionales. Este proceso identificó sociedades que están morosos por más de 10 años, van hasta 20 años, en (el pago de la) tasa única”, explicó a EFE la viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz.