Mary Ann Pajo observó en silencio cómo los trabajadores del cementerio abrieron la tumba de su hijo en Manila y retiraron sus restos para que los examine un forense.
Acusado de tráfico de drogas, Joewarski Pajo, de 30 años, murió a tiros cuando jugaba con el teléfono. Fue una de las miles de ejecuciones extrajudiciales que supuestamente tuvieron lugar bajo el mandato del expresidente filipino Rodrigo Duterte.
El lunes comienzan cuatro días de audiencias en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, que determinarán si Duterte será juzgado por al menos 76 de esas muertes.
El sacerdote católico Flavie Villanueva dice que «llevan esperando esa vista judicial» desde hace tiempo.
«Es importante que (Duterte) se persone ante el tribunal, físicamente, para que podamos ver si hay remordimiento por su parte», sostiene Villanueva tras rezar por Joewarski, el cuerpo número 126 que su oenegé ha exhumado como posible prueba.
Sin embargo, es muy poco probable que lo haga. Este viernes los jueces de la CPI aprobaron la solicitud de Duterte de renunciar a su derecho de comparecer.
«Soy viejo, estoy cansado y estoy débil«, adujo Duterte al presentar la solicitud días atrás.
Villanueva lo considera un acto de cobardía. Recuerda que el expresidente fue declarado apto para ser juzgado.
«Esta persona no tiene la noción de la rendición de cuentas«, afirma el sacerdote.
‘No son Dios’
En una cafetería de Manila regida por familiares de muertos en la guerra contra las drogas, tres empleados se quejan de que en Filipinas no se ha hecho justicia.
«Nadie en Filipinas puede ponerle las manos encima a Duterte, y mucho menos presentar cargos contra él», explica Lydjay Acopio, cuya hija Myca, de tres años, murió durante una redada policial en la casa donde vivía con su padre.
La barista Rosalie Saludo coincide con ella: «Mientras su hija (la vicepresidenta Sara Duterte) esté en el cargo, mientras sus aliados estén en el cargo, aún puede encontrar una manera de torcer y distorsionar la justicia».
Sara Duterte anunció el miércoles su candidatura presidencial para 2028.
Mary Grace Garganta, gerente de la cafetería, asegura que se vio obligada a mudarse después de que la policía, sin orden judicial, disparara y matara a su padre en 2016.
«No negaré que mi padre estaba implicado en drogas, pero eso no era una razón para matarlo», dijo. «No son Dios para quitar una vida«.
‘Ahora vemos la luz‘
El número de filipinos que creen que Duterte debería ser juzgado en la CPI ha disminuido al 44%, según una encuesta realizada en noviembre por WR Numero, con sede en Manila. En abril era el 62%.
Y es que un porcentaje significativo de sus compatriotas considera que Duterte no hizo nada malo.
«Si Duterte cometió un error (…) solo lo hizo por el bien del país«, estima Jovel Manzano, de 34 años, en una concurrida calle de Manila.
«¿De qué sirven nuestros tribunales aquí si siempre dependemos de otros países?», comenta sobre la CPI. «Si un filipino comete un delito, debería ser juzgado aquí», opina.
Jessa Cangayaw, una masajista de 30 años, no ve con malos ojos la represión de Duterte, siempre que los que murieran fueran «gente mala«.
«Las cosas eran mejores entonces que ahora», asegura, y añade que se siente menos segura cuando regresa andando a casa.
Sheerah Escudero discrepa. En 2017 el cuerpo de su hermano adolescente apareció acribillado a balas.
Para él, la vista judicial del lunes marca un paso hacia la «rendición de cuentas«.
«Tenemos un sistema judicial roto«, declaró a periodistas de AFP este joven de 28 años.
Las autoridades filipinas no han llevado a cabo «ninguna investigación creíble» sobre las acusaciones contra Duterte, acusa. «Ha estado oscuro por mucho tiempo, pero ahora vemos la luz«.
