El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores reiteraron este jueves ante el tribunal federal de Nueva York que no tienen recursos para financiar su defensa en el caso de narcotráfico y afirmaron que están dispuestos a presentar pruebas financieras si el juez lo solicita, para reforzar su petición de desestimar la acusación.

Los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Barry Pollack y Mark E. Donelly, afirmaron en un documento hoy enviado al juez, en nombre de sus clientes, que, según la defensa, la Fiscalía reconoce el derecho de ambos a solicitar que el Gobierno de Venezuela sufrague su defensa.

Además, incluyeron declaraciones juradas de Maduro y Flores en las que aseguran no poder costear sus abogados y manifiestan su disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal lo requiere.

Esta declaración, presentada hoy ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, llega apenas unos días antes de su próxima audiencia, prevista para el 26 de este mes.

Implicaciones de las sanciones de la OFAC en el caso judicial

Hasta ahora, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, que administra e impone sanciones económicas y comerciales, no ha autorizado que el Gobierno de Venezuela pague a sus abogados, lo que, alegan en un documento enviado al juez federal Alvin Hellerstein, interfiere con el derecho de ambos a elegir su propio equipo legal.

La OFAC ha impuesto sanciones económicas a Venezuela desde el 2015 que buscaban presionar a Maduro para provocar un cambio político, y el Gobierno de EE.UU. no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.

En el escrito, la defensa destaca que la negativa a permitir que Venezuela pague los honorarios legales viola la Sexta Enmienda de la Constitución de EE. UU., que establece el derecho a elegir defensa, y la Quinta Enmienda, que ampara el debido proceso.

Los abogados también recuerdan que la OFAC ha permitido en otras ocasiones «que un tercero sujeto a sanciones pague los honorarios legales de una persona también sancionada», algo que consideran inconsistente con su caso.

Señalan además que la propuesta del Gobierno de que acepten un abogado de oficio «no constituye en absoluto un remedio», ya que estarían obligados a aceptar una defensa que no escogieron.

«Obligar a los acusados a aceptar un abogado de oficio que no es de su elección no es, por definición, una solución para la vulneración de su derecho a elegir a su propio abogado», acotan.

Por esas razones, la defensa pide al juez Hellerstein que se desestimen los cargos por ser un proceso «inconstitucionalmente defectuoso» o se realice una audiencia para discutir el caso.

«El único remedio es el sobreseimiento, dado que este tribunal no puede permitir que el presente caso prosiga en violación de los derechos constitucionales del Sr. Maduro y de la Sra. Flores de Maduro», indica el documento legal.