Santo Domingo.- El Ministerio Público formalizó la solicitud de un año de prisión preventiva contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien fue arrestado en flagrante delito tras recibir US$10,000 en el marco de una operación de entrega controlada.

De acuerdo con las indagatorias presentadas por el órgano acusador, el esquema de extorsión inició cuando el fiscal requirió el pago de US$200,000 a una persona que se encontraba bajo investigación oficial.

El expediente detalla que, tras una serie de negociaciones con la parte investigada, el funcionario redujo sus demandas económicas, estableciendo un nuevo esquema de cobro irregular que incluía tanto efectivo como bienes de alto valor comercial:

• Efectivo: Reducción del requerimiento monetario a US$150,000.
• Vehículos de motor: Exigencia de la entrega de un automóvil marca Mercedes Benz, requiriendo específicamente los modelos 350 o 450.
• Artículos de lujo: Manifestación de interés y exigencia de un reloj de la marca Rolex.

El arresto materializado el pasado viernes fue el resultado del cobro de un adelanto de US$10,000 de este esquema ilícito, ocupado en poder del imputado.

El procurador fiscal Andrés Mena procedió a depositar la solicitud de medida de coerción, estructurada en un expediente de 50 páginas. En la instancia, presentada este domingo, el Ministerio Público requiere al tribunal la fijación de la fecha para el conocimiento de la audiencia.

Debido a su investidura como fiscal, Valdez Alcántara cuenta con privilegio de jurisdicción. Por consiguiente, el proceso requirió la intervención del juez Julio César E. Canó Alfau, presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien designó a la magistrada Ysis B. Muñiz Almonte para fungir como jueza de la Instrucción Especial.

La investigación penal se encuentra bajo la dirección directa de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y del director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho.

La Procuraduría General calificó las acciones documentadas en el expediente como de extrema gravedad, dado el mandato legal de sus integrantes de perseguir los hechos punibles. La institución ratificó su política de sometimiento estricto ante las infracciones internas, indicando que el equipo litigante buscará la aplicación del peso de la ley y sanciones ejemplarizadoras en los tribunales, independientemente del rango del procesado.