Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
La República Dominicana vive una de sus etapas históricas más complicadas, tras la crisis económica global generada por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, hace poco más de un mes.
Un panorama de incertidumbre se cierne a nivel planetario, especialmente en las naciones, tal nuestro caso, que no producen petróleo ni otros recursos energéticos. Existe un panorama complejo de volatilidad que podría degenerar en estallidos sociales, en el hipotético caso en que se agudizara la crisis derivada del conflicto bélico que tiene su escenario en el Medio Oriente.
Consciente de la álgida situación, la administración que encabeza el presidente Luis Abinader ha designado una comisión de alto nivel, integrada por los ministros, José Ignacio Paliza, Eduardo Sanz Lovatón y Magín Díaz, de la Presidencia, de Industria y Comercio y Pymes y de Hacienda, respectivamente; a fin de procurar un consenso nacional que posibilite la adopción de medidas consensuadas que sirvan para mitigar los efectos de la crisis económica global.
Los comisionados ya se reunieron con el expresidente Danilo Medina, líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien ha dicho que esa organización política prefiere esperar a que el gobierno presente el plan para la mitigación de la crisis que ha prometido. Mientras que el también expresidente de la República y presidente del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, ha rehusado opinar hasta tanto el gobierno le presente sus ideas en una reunión prevista a celebrarse el próximo miércoles.
En este momento difícil de incertidumbre se requiere de mucha prudencia de parte de los principales sectores que inciden en la vida nacional; aunque, los principales partidos de la oposición no parecen inclinados en sentarse a dialogar para asumir compromisos con las autoridades gubernamentales. En el caso del PLD, la situación resulta más compleja, porque del maltrato a través de la judicialización de la política que le ha sometido el oficialismo, mecanismo antidemocrático conocido como “lawfare”; ahora su verdugo oficialista le invita a ser pieza del consenso nacional.
En este punto, hay que tomar en cuenta que la democracia dominicana no se caracteriza por sus virtudes. Contrario a cómo se piensa, esta forma de gobierno descansa en el país en los partidos políticos y sus liderazgos. Y justamente, el momento llama a una concertación social y política sincera y de gran alcance, sin discriminación.
Aquí vale la pena tener presente el planteamiento del político británico Winston Churchill, quien acostumbraba a decir que la democracia, en su esencia, era la necesidad de doblegarse, de vez en cuando, a las opiniones de los demás, sin que eso conllevase la pérdida de influencia. Además de los pobres, la crisis global amenaza seriamente a la clase media. En la República Dominicana ese segmento poblacional dinamiza la economía y contribuye a la motorización de los planes de desarrollo diseñados por las autoridades gubernamentales.
El accionar de la clase media trasciende, incluso, a lo económico, pasando a lo político, dada su capacidad de hacer opinión pública e influenciar en las masas. Ante la volatilidad del poder hoy día, inciden en ciertos actores que pueden crear las condiciones para el desplazamiento de un gobierno determinado.
La administración del presidente Abinader ha apostado a prácticas populistas, empujando hacia un panorama económico de incertidumbre que podría agudizarse en la actual coyuntura.
En fin, la política tiene sus paradojas. Ahora, el PLD, después de recibir maltrato judicial por parte del oficialismo, ahora es pieza importante para un consenso nacional esperado.
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