Este artículo fue publicado originalmente en El Día.

En la columna anterior dábamos cuenta de que las AFP han consumido la descomunal cifra de RD$126,489 millones, sumando ganancias y costos de funcionamiento, financiados con el esfuerzo de todos los que cotizan al sistema de seguridad social, a cambio de pensiones de pobreza.

Llamamos “costo social” a esta riqueza desperdiciada y, para ilustrar mejor, decíamos que ese monto equivale a 31 veces el presupuesto del 911, el doble del presupuesto anual del Servicio Nacional de Salud y de los recursos del Seguro Nacional de Salud. Asimismo, con ese monto se podría financiar más de 2,100 pensiones solidarias, durante 10 años, para personas mayores que carecen de ese derecho elemental.

Añadamos ahora otro elemento: ¿En cuáles negocios ponen las AFP el dinero que debería ser para las pensiones de millones de dominicanos y gracias al cual obtienen impresionantes ganancias y cubren monumentales costos operacionales?

Por un lado, el 57 % del fondo se invierte en bonos del Ministerio de Hacienda y el 7.9 % en instrumentos del Banco Central, sumando el 64.9 % del patrimonio.

Este negocio es notoriamente chocante, ya que primero necesita que nuestro Estado se mantenga crónicamente desfinanciado, liberando de cargas impositivas a los sectores y agentes más exitosos de la economía, e incapaz de financiar servicios y derechos fundamentales.

Luego, al poner en deuda estatal el 65 % de la inversión, lo que están haciendo las AFP es prestar el dinero de millones de cotizantes y, posteriormente, cobrar el capital e intereses con los impuestos de los mismos cotizantes (esos a los que se les cobra impuesto al salario).

Por otro lado, las AFP ponen el 35 % de nuestros fondos en los bancos y entidades de sus mismos grupos financieros, así como en fondos de inversión, fideicomisos y en apalancar empresas “a la carta”. Por ejemplo, sectores boyantes y que cuentan con privilegios impositivos, como hotelería, turismo y generación eléctrica, reciben más de RD$140,000 millones. Hasta Plazas comerciales y edificios corporativos se benefician con RD$24,761 millones, mientras residenciales y centros médicos privados se bañan en la lluvia de casi RD$3,500 millones.

Es esta estructura de negocios se entiende por qué las AFP corrieron a invertir a RD$3,492 millones para salvar a la firma César Iglesias, al igual que hicieron con Acero Estrella y Grupo Rica, resolviéndoles problemas de liquidez y deudas con bancos, aunque luego las acciones caigan en picada y sean los cotizantes los perdedores.

En nada de lo anterior hay una sola obra de alta ingeniería financiera, ni un aporte de valor agregado a la economía. Y posiblemente ni los empleados de las propias AFP vean un reflejo de tantos miles de millones en sus salarios mensuales.

La Ley número 87-01, específicamente el artículo 96, previó que las cosas fueran muy distintas, estableciendo que “las AFP deberán priorizar la colocación de recursos en aquellas actividades que optimicen el impacto en la generación de empleos, construcción de viviendas y promoción de actividades industriales y agropecuarias”.

Pero la ley es lo de menos, el negocio es lo demás, y si las AFP no darán pensiones, nos cuestan nuestros impuestos e invierten en todo menos en lo que genere empleos, viviendas, industrias y desarrollo, sólo se puede señalar, una y otra vez, que son costo y nada más.

La publicación Las AFP: costo y nada más (III) apareció primero en El Día.