Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Santo Domingo, RD. – La jueza presidenta de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, conocerá en las próximas horas la solicitud de medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de recibir un soborno de US$10,000 de un testigo vinculado a la red de corrupción que operaba en el Seguro Nacional de Salud (SENASA), conocido como “Cobra”.
Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declararon inadmisible la recusación presentada contra la jueza presidenta de esa corte, Ysis Muñiz, designada en el caso del procurador fiscal, por haberse realizado fuera de plazo.
Asimismo, dispusieron que la magistrada fije audiencia para conocer el proceso contra el imputado.
Los magistrados de esa corte adoptaron la decisión tras establecer que los abogados de los imputados depositaron el escrito de recusación fuera del plazo de tres días que establece el Código Procesal Penal.
El Ministerio Público solicita 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, imputado de soborno, concusión de funcionario y de presuntos actos de corrupción durante el ejercicio de sus funciones como miembro del órgano acusador.
Se recuerda que la magistrada Muñiz fue recusada el 10 de abril durante el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra el procurador fiscal.
El expediente fue remitido al Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ); sin embargo, los jueces de esa alta corte se declararon incompetentes y enviaron el caso a la Presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, a cargo de Julio César Cano Alfau, para convocar a los magistrados no recusados y conocer la acción.
Detalles de los hechos atribuidos al procurador fiscal
De acuerdo con el expediente judicial, el 13 de marzo de 2026 el imputado se reunió con el testigo Roberto Canaán en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en la intersección de la avenida Jiménez Moya con la avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional. En dicho encuentro, el testigo abordó el vehículo del procurador fiscal, quien presuntamente utilizó información privilegiada sobre vínculos personales y propiedades para ejercer una posición de dominio.
Durante la reunión, el procurador fiscal habría propuesto alterar el curso del proceso judicial a cambio de un beneficio económico. La solicitud inicial fue de US$200,000, monto que posteriormente fue reducido a US$150,000 tras una negociación.
Además, habría mostrado interés en recibir un reloj Rolex y exigido la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes-Benz 350 o 450 de color negro, rechazando opciones más económicas.
El imputado también habría ejercido coacción mediante llamadas telefónicas. El 18 de marzo de 2026, preguntó al testigo: “¿Para cuándo está la cosa?”, estableciendo como fecha límite el 24 de marzo. Asimismo, habría advertido sobre la inminente judicialización del caso, condicionando la situación legal del testigo al pago del soborno.
El 27 de marzo de 2026, las autoridades realizaron un allanamiento en la residencia del procurador fiscal, donde fue arrestado. Durante la operación también se ejecutó una entrega vigilada del dinero.
El Ministerio Público sostiene que el procurador fiscal se dedicaba a recibir sobornos a cambio de alterar el curso de las investigaciones bajo su responsabilidad.
En ese sentido, solicita 12 meses de prisión preventiva contra el fiscal, imputado de gestionar y recibir US$10,000 de Roberto Antonio Canaán Acta, testigo clave en el caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA), denominado “Cobra”.
Canaán Acta también figura como testigo en el caso SENASA, que involucra al exdirector Santiago Hazim, actualmente detenido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, imputado de presuntas irregularidades durante su gestión.
La publicación Conocerán coerción a fiscal imputado por soborno en caso SeNaSa apareció primero en El Día.