Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Santo Domingo.-La Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe) llamó al diálogo y a la construcción de consensos entre todos los actores involucrados y las comunidades en las que existen proyectos con potencial minero.
Martín Valerio, director ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (Camipe), enfatizó que la minería y la protección del medio ambiente pueden coexistir, tal como lo establece la Constitución dominicana.
Dijo que la minería figura como un eje estratégico dentro del programa Meta 2036 del Gobierno dominicano, cuyo objetivo es duplicar el producto interno bruto (PIB) hacia ese año.
Más inversión social
Sin embargo, entiende que para eso es imprescindible avanzar hacia un modelo que garantice el equilibrio entre crecimiento económico y sostenibilidad ambiental, apoyado en la modernización del marco legal vigente.
Destacó la necesidad de una regulación más rigurosa que ordene que desde el inicio de cada proyecto la inclusión de un fondo financiero destinado al cierre de operaciones. “Este mecanismo busca prevenir que, al concluir la vida útil de las empresas, queden pasivos ambientales sin cubrir”, señaló el ejecutivo en una visita a EL DÍA.
“La normativa debe promover la participación activa de las comunidades desde las primeras fases de los proyectos, incluyendo la exploración y los estudios de impacto ambiental, con el fin de asegurar que la explotación de los recursos naturales sea viable tanto en términos económicos como ambientales antes de pasar a la etapa operativa”, resaltó.
Actualizar ley
Subrayó que la actual Ley Minera, con más de 50 años de vigencia, resulta desfasada frente a la realidad institucional y ambiental del país. “La normativa fue concebida en un contexto sin políticas ambientales definidas, previo a la promulgación de la Ley 64-00 de Medio Ambiente, la creación del Ministerio de Medio Ambiente, la reforma constitucional de 2010 que introduce principios de sostenibilidad y el establecimiento del Ministerio de Energía y Minas en 2013”, apuntó.
En ese sentido, advirtió que la falta de actualización legal genera disfuncionalidades en la institucionalidad, retrasos en los procesos administrativos y vacíos que afectan tanto la capacidad reguladora del Estado como la trazabilidad de las operaciones mineras.
Explicó que el proceso de discusión para una nueva legislación minera continúa en el ámbito gubernamental, con la participación de diversos sectores.
Dijo que la propuesta de ley del gremio busca mejorar la distribución de los beneficios económicos derivados de la actividad minera.
Mayor diálogo
En cuanto a las preocupaciones y protestas de las comunidades ocurridas recientemente en rechazo a proyectos mineros, dijo que estas deben asumirse como un llamado al diálogo y a la construcción de consensos.
Enfatizó que la minería y la protección del medio ambiente pueden coexistir, como lo establece la Constitución dominicana.
Señaló que los beneficios de la minería deben impulsar el desarrollo de las comunidades y luego pasar a nivel macro.
Confianza
— Inversión
Empresas mineras en República Dominicana reinvirtieron alrededor de 546 millones de dólares el pasado año, los cuales fueron parte de la inversión extranjera, las mismas exportaron más del 50 % de todas las exportaciones.
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