El Ministerio Público ha solicitado formalmente la imposición de prisión preventiva contra la exponente urbana Ashley Mariel Sánchez Victoriano, de 19 años, mejor conocida como «Masha«; Alexander Martínez Nolasco, de 18 años; y Karla Julisa Rodríguez, de 19 años, acusados provisionalmente de porte ilegal de armas de fuego.
La solicitud, instrumentada por la fiscal Zayra Soto, se basa en el arresto de los tres jóvenes el pasado sábado 9 de mayo de 2026, alrededor de las 2:20 de la madrugada, mientras se desplazaban en una yipeta Honda CR-V blanca por la avenida Mella, en el sector Andrés, Boca Chica.
El tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Este conoce la mañana de este martes la solicitud de medida de coerción contra los imputados, que permanecen bajo custodia.
Detalles de la acusación y hallazgos
Según el expediente, durante el registro del vehículo fueron ocupadas dos pistolas calibre 9 mm, marca Glock. La primera, con numeración AAHT532, contenía un cargador y cuatro cápsulas; la segunda, con numeración BCDC550, se encontraba sin cargador.
Además, en la consola del vehículo fue hallado un cargador con capacidad para 30 cápsulas, el cual contenía 10 proyectiles en su interior.
La Fiscalía sostiene que la prisión preventiva es la medida más idónea, al considerar que los imputados no ofrecen garantías suficientes para presentarse al proceso y que existe un alto riesgo de fuga debido a la gravedad de la posible pena.
Arma sustraída a la Policía
A los detalles del caso se suma una revelación de la Policía Nacional. El vocero de la institución, Diego Pesqueira, informó que una de las armas de fuego ocupadas en el vehículo donde viajaba “Masha” figura, de manera preliminar, como sustraída en 2018 a un agente de la Policía Nacional.
Pesqueira indicó que el caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias en las que el arma llegó a manos de los jóvenes. Esta información es externa a los documentos legales presentados y deberá ser verificada de manera independiente conforme avance el proceso judicial.
El Ministerio Público fundamenta su petición en la “teoría fáctica, probatoria y jurídica” de que los detenidos tenían pleno conocimiento de la actividad ilícita que presuntamente realizaban.
El delito está tipificado y sancionado por los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.