La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que el reglamento aprobado por la Junta Central Electoral (JCE) para regular las encuestas electorales excede las facultades legales del órgano electoral y podría vulnerar derechos fundamentales garantizados por la Constitución.
En un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, la entidad sostiene que la prohibición de publicar encuestas antes del inicio formal de la precampaña electoral carece de respaldo en la Ley 20-23 de Régimen Electoral y constituye una limitación que solo puede establecerse mediante una ley aprobada por el Congreso Nacional.
Finjus argumenta que, aunque la JCE posee potestad reglamentaria, esta facultad está limitada a la ley y no a crear nuevas restricciones que afecten derechos fundamentales, como la libertad de empresa y el derecho a la información. La organización cita los artículos 50 y 74 de la Constitución, que reservan al legislador la regulación de estos derechos.
Introduce una «veda general»
La entidad advierte que el reglamento introduce una “veda general” sobre las encuestas electorales durante un período prolongado, pese a que la Ley 20-23 solo establece restricciones para los ocho días previos a las votaciones. A juicio de Finjus, esto implica que la JCE estaría “legislando por la vía administrativa”, invadiendo competencias que corresponden exclusivamente al Congreso.
- El análisis también señala que la medida podría generar una “asimetría informativa”, ya que los partidos políticos y actores con recursos continuarían realizando encuestas para uso interno, mientras la ciudadanía quedaría excluida del acceso a esa información.
Requiere discusión en el Congreso
No obstante, Finjus aclara que reconoce como legítima la preocupación de la JCE de evitar distorsiones en la competencia electoral o manipulaciones derivadas de estudios de opinión publicados fuera de contexto. Sin embargo, insiste en que una restricción de esa magnitud requiere una discusión amplia y plural en el Congreso Nacional, por tratarse de una regulación que afecta el flujo de información política y el debate democrático.
La organización concluye que la solución adecuada sería que la JCE someta una propuesta de reforma legal al Congreso para establecer, con rango de ley, los límites temporales que considere necesarios para la publicación de encuestas electorales.