El juez Reymundo Mejía Zorrilla sostuvo que «hay un principio de legalidad muy fuerte», que incluye jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia sobre el grado de culpa de una persona involucrada en un hecho penal, que le impedía variar la calificación jurídica de la tragedia de la discoteca Jet Set.
En ese sentido, dijo que el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el cual preside, «no está para inventar» sobre la solicitud que hicieron 12 de los 54 querellantes del caso del emblemático centro de diversión en el que fallecieron 236 personas y más de un centenar resultaron heridas, de que se cambiara la tipificación del caso de homicidio involuntario a voluntario.
El juez afirmó que la ley no se lo permitía, razón por la que acogió la tipificación de homicidio involuntario que hizo el Ministerio Público y respaldaron 42 querellantes.
Calificación jurídica y postura del juez Mejía
Rechazó lo que, indicó, pedía el 20 % de los querellantes: que se tipificara el suceso como homicidio voluntario, lo que implicaría una pena más grave en caso de que los acusados fueran hallados culpables en un juicio de fondo.
- El Código Penal establece una pena de dos años para el homicidio involuntario.
Mejía Zorrilla argumentó que «no hay dolo eventual» cuando una de las imputadas estaba presente durante el derrumbe. Se trata de Maribel Espaillat López, quien junto a su hermano Antonio, enfrenta acusaciones por presuntas negligencias en el mantenimiento de la discoteca.
Agregó que el juez de la instrucción admite y modifica la calificación jurídica de acuerdo con la conducta del acusado, la cual debe ser voluntaria para ser considerada como homicidio voluntario.
Proceso «muy traumático» para el juez
El juez Mejía Zorrilla aseveró que este proceso, del cual fue apoderado en enero, «ha sido muy traumático» porque forma parte de la sociedad que también sufre por la tragedia del Jet Set.
Sin embargo, manifestó que «la justicia no es para venganza».
«Para mí este proceso ha sido muy traumático«, indicó.
El magistrado dictó este lunes auto de apertura a juicio contra los hermanos Espaillat López, etapa en la que un tribunal colegiado decidirá, con base en todas las pruebas admitidas de la defensa y de la parte acusadora, si son culpables o inocentes.
Contra Ana Grecia López, madre de Antonio y Maribel, el magistrado separó su proceso penal debido a que “ha sido debidamente notificada” y no ha comparecido ni ejercido medios de defensa frente a las acusaciones particulares formuladas. Su proceso preliminar continuará sin que interrumpa el de sus hijos, que pasan ahora a juicio de fondo.