El núcleo del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) analiza este miércoles de urgencia el paquete de reformas para abrir la economía anunciado hace apenas cinco días, en medio de las crecientes protestas por la grave crisis y de las presiones de EE.UU.
El Comité Central del PCC, un órgano político clave en Cuba, va a «evaluar» a partir de las 14.00 hora local (18.00 GMT) la batería de medidas avanzada por el presidente del país y primer secretario de la formación, Miguel Díaz-Canel, que busca una cierta liberalización y descentralización de la economía de planificación estatal de la isla.
Las propuestas van de la entrada en el sector turístico de «nuevos actores» en «nuevas modalidades» al fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), pasando por medidas para ampliar el rol del sector privado.
También se listaron un grupo de cambios que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, así como reformas para dotar de una mayor autonomía a las empresas estatales y a los municipios del país.
El paquete, que de implementarse en su totalidad supondría cambios significativos, fue recibido en general con tibieza por la población y con abierto escepticismo por la oposición, mientras que los expertos mostraron sus dudas en torno a la coherencia de las medidas, su profundidad y la secuencia en que deben aplicarse para evitar mayores distorsiones en la economía.
Estas reformas no pertenecen al llamado Programa Económico y Social 2026 que aprobó el Gobierno cubano para estabilizar el país y tratar de volver a la senda del crecimiento.
Inusual
El anuncio y tramitación de este paquete de reformas económicas es profundamente inusual en varios sentidos, especialmente por la premura y por las fórmulas de comunicación y tramitación, de acuerdo con varios analistas consultados por EFE.
Díaz-Canel avanzó los cambios en un contexto informal, desconectado de la entidad que se le otorgaba verbalmente a las medidas, y sin que hubiese habido previamente una cita formal para consensuarlos, ya fuese del Consejo de Ministros, el PCC o la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, legislativo unicameral).
El respaldo de las estructuras de poder a estas medidas se va a producir aparentemente «a posteriori» -algo contrario a la práctica política de los últimos 15 años en Cuba- en este pleno extraordinario del Comité Central, lo que genera interrogantes sobre el respaldo real que tiene el paquete en el núcleo dirigente.
Luego vienen las prisas. Esta reunión del Comité Central del PCC se convoca de urgencia a un mes del habitual pleno ordinario de julio. Y para este jueves se ha anunciado una sesión extraordinaria de la ANPP que ratifique estas medidas.
Presiones
El contexto tanto interno como externo puede ayudar a explicar estas anomalías formales y contribuir a catalizar ciertos cambios pese a posibles resistencias internas, de acuerdo con los analistas.
De un lado, la profunda crisis -que ya era grave antes de las últimas medidas de asfixia de EE.UU- está llevando al límite a la mayoría de la población cubana, como evidencian las pequeñas pero cada vez más frecuentes protestas pacíficas de las últimas semanas.
En la isla la situación es dramática: se han normalizado apagones de al menos 20 horas al día por todo el país (y de hasta tres días consecutivos en algunas regiones), la comida y las medicinas escasean, apenas hay combustible y transporte público, las escuelas adelantaron el fin de curso y los hospitales están en servicios mínimos.
Además del importante deterioro de las condiciones de vida, el sistema político, con el Gobierno cubano y el PCC al la cabeza, han sufrido en los últimos meses y años un evidente desgaste en términos de respaldo popular y legitimidad.
De otro lado está la presión de Washington, que ha exigido a La Habana cambios políticos y económicos sustantivos y quiere ver resultados este mismo año. EE.UU. ha asegurado que no descarta una intervención militar en la isla para lograr sus objetivos.
Entre las medidas de Washington se incluye el bloqueo petrolero, que ha agudizado la crisis energética que sufría ya el país, y la última ronda de sanciones secundarias, que ha provocado una desbandada entre empresas extranjeras en Cuba.