La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este martes el hostigamiento y las represalias contra el periodista ecuatoriano Hernán Higuera, del canal Ecuavisa, a raíz de sus investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción de funcionarios del Gobierno de Ecuador.

El organismo, con sede en Miami, relacionó esos ataques con las investigaciones de Higuera sobre el caso Progen, vinculado a presuntas irregularidades en contratos firmados durante la crisis energética de 2024 y a Progen, empresa estadounidense, pues tras sus reportajes, el secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, se pronunció contra Higuera.

Represalias contra periodista

El periodista, ganador en 2012 del Premio Internacional de Periodismo Rey de España, anunció el pasado viernes, en el noticiero central de Ecuavisa, que se apartaba de esa investigación tras denunciar presiones de instituciones del Estado contra su esposa y su hijo.

Higuera atribuyó a represalias el despido de su esposa de una empresa pública y la suspensión de su hijo de la plaza que ocupaba como estudiante de medicina en un hospital de la seguridad social.

Patrón de intimidación institucional

La SIP también denunció el uso de organismos estatales, como la reguladora de telecomunicaciones (Arcotel) y el consejo de regulación de la comunicación (Cordicom), para presionar al periodista, en lo que describió como un «patrón de intimidación institucional«.

• «El uso de instituciones del Estado para hostigar a un periodista y tomar represalias contra su familia constituye un abuso de poder y una violación a la libertad de prensa, este tipo de prácticas buscan instaurar el miedo como mecanismo de censura», afirmó el presidente de la SIP, Pierre Manigault, en Carolina del Sur, Estados Unidos.

Investigación caso Progen

Ecuavisa sostuvo que las presiones oficiales buscaron obstaculizar las investigaciones sobre el caso Progen y debilitar el periodismo de fiscalización sobre asuntos de interés público.

Por ese caso, la Fiscalía General del Ecuador procesa a 21 personas por el presunto delito de malversación de fondos públicos.

Según las investigaciones, 104 millones de dólares de fondos públicos se destinaron a la compra de generadores para las centrales térmicas de Quevedo y Salitral, pero los equipos entregados estaban usados, habían sido reacondicionados y no cumplían los estándares técnicos exigidos.

La Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape) y la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), entre otras organizaciones, también rechazaron el acoso contra el periodista y su familia.

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), Martha Ramos, reclamó «el cese inmediato de estas acciones y garantías efectivas para el ejercicio libre e independiente del periodismo».