El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) mostró este miércoles su malestar con la declaratoria de urgencia y la aprobación, en dos lecturas consecutivas, de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. La sanción incluyó variación en los montos a pagar por las personas físicas y entidades.
Mediante un comunicado, el Conep subrayó que la declaratoria de urgencia es una facultad extraordinaria prevista para circunstancias excepcionales y que su uso frecuente termina debilitando el debate legislativo, limitando la participación de los sectores interesados y reduciendo las oportunidades para construir reformas duraderas.
- «Con un proyecto introducido a las 3:00 de la tarde de hoy, se pretende volver a modificar de urgencia la Ley 225-20. Aún está fresco el ‘golpe de bolsón‘ de enero de 2025, cuando también fue modificada de urgencia», cita el documento.
La entidad destacó que, cuando reformas complejas requieren correcciones recurrentes, la respuesta no debería ser acelerar aún más el proceso, sino reconocer la necesidad de ampliar el diálogo, la consulta y, sobre todo, la deliberación técnica.
La referencia al denominado «golpe de bolsón» se refiere a la modificación aprobada en el 2025 a la Ley 225-20 sobre gestión integral de residuos sólidos.
En esa ocasión, diversos sectores empresariales y ambientales cuestionaron que los cambios fueran conocidos y aprobados con rapidez mediante el trámite de urgencia, sin un proceso amplio de discusión.
- Entre los aspectos más debatidos estuvieron los ajustes a las contribuciones económicas que deben realizar empresas e importadores para financiar la gestión de residuos, lo que generó críticas por el impacto que tendría sobre los costos de producción y los precios al consumidor.
Sobre las modificaciones
El Senado de la República aprobó este miércoles de urgencia y en una sesión extraordinaria el proyecto que modifica la Ley 225-20 de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, que incluye cambios en el pago de los montos por personas jurídicas o entidad y la prohibición de importación de productos de foam.
En las modificaciones de la pieza se prohíbe, en el párrafo 1 del numeral 1 del artículo 172, la importación de sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas fabricados en plásticos, así como vasos y cualquier producto de poliestireno (foam), que no tenga certificación de biodegrabilidad. La normativa también modifica la Ley núm. 98-25, en la que se establece el régimen jurídico para la gestión integral de los residuos sólidos en el país.
En lo adelante, la ley establece que toda persona jurídica, entidades gubernamentales y otros patrimonios autónomos, así como cualquier otra entidad que reporte anualmente sus ingresos a la Dirección General de Impuestos Internos, deberá pagar una contribución especial obligatoria en base a sus ingresos, con el objetivo de crear un fondo para mitigar los efectos negativos de la actual disposición de los residuos y desarrollar un sistema integral de gestión de los mismos.
Los aportes serán realizados de acuerdo con los ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate.