La jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, se reservó para el lunes 29 de junio, a las 7:00 de la noche, la decisión sobre la solicitud de medidas de coerción contra los imputados en la operación Onco14.
La magistrada adoptó la decisión luego de escuchar los argumentos, réplicas y contrarréplicas presentados por el Ministerio Público y las defensas durante la audiencia.
El órgano acusador solicita 18 meses de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo contra Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer; y Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
Mientras que contra Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del principal imputado y exvicepresidenta del patronato, el Ministerio Público modificó su pedimento y solicitó prisión domiciliaria, en lugar de prisión preventiva.
De acuerdo con el expediente, los imputados habrían integrado una estructura dedicada al fraude clínico y farmacéutico mediante la alteración de indicaciones médicas, el uso de sellos falsos, la doble facturación al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y la entrega incompleta de medicamentos a pacientes con cáncer.
La investigación también les atribuye la venta de medicamentos donados, el uso irregular de exoneraciones fiscales para importaciones, tráfico de sustancias controladas, utilización de instalaciones médicas para cirugías estéticas, reembolsos fraudulentos por viajes y hospedajes, sabotaje digital, sustracción de archivos y lavado de activos.
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El abogado de Vargas Sánchez, Ricardo Reina, explicó que el cambio respondió a que su clienta ha estado colaborando con la investigación que desarrolla el Ministerio Público.
Por su parte, el abogado de Lora Cruceta y Guzmán, Francisco Consoró, sostuvo que la investigación constituye un abuso y una actuación arbitraria de las autoridades.
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El jurista afirmó que el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer fue intervenido de manera «irregular».
Aseguró que existe un proceso en la jurisdicción civil que busca la nulidad de las asambleas y de la convocatoria mediante las cuales fue sustituido Lora Cruceta de la entidad.
Asimismo, calificó el expediente como una acusación selectiva al señalar que, según el propio Ministerio Público, las decisiones cuestionadas fueron adoptadas de forma colegiada por la directiva del patronato, aunque solo algunos de sus integrantes fueron sometidos a la justicia.
Al concluir la audiencia, los representantes del Ministerio Público, encabezados por Wilson Camacho, se retiraron de la sala sin ofrecer declaraciones a la prensa.