La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) expresó este jueves su preocupación por la aprobación en el Senado del proyecto que modifica la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, al considerar que la iniciativa requiere una revisión técnica más amplia y mayores espacios de diálogo con los sectores productivos.
La entidad señaló que las nuevas contribuciones contempladas en el proyecto fueron establecidas sin que se conozcan estudios técnicos, metodologías de cálculo o análisis de impacto que sustenten los montos propuestos, por lo que entienden que la normativa debe garantizar criterios de razonabilidad, proporcionalidad y equidad.
La vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor, afirmó que el turismo respalda las iniciativas orientadas a fortalecer la gestión ambiental y la economía circular, pero advirtió que estos objetivos deben ir acompañados de reglas claras y técnicamente fundamentadas.
«La sostenibilidad y la competitividad deben avanzar de la mano. Las contribuciones vinculadas a la gestión de residuos deben responder a criterios objetivos y guardar una relación proporcional con la generación real de residuos, garantizando seguridad jurídica y un trato equitativo para todos los sectores productivos», expresó Lendor mediante una nota de prensa.
Reacción de otros sectores
A esta preocupación, se unen la Asociación Dominicana de Restaurantes (Aderes), la Asociación de Establecimientos de Comida Casual y de Servicio Rápido (Adecor), la Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (Adavit) y la Asociación Nacional de Rent A Car (Andri) e Inverotel.
Consideran indispensable que el esquema de contribuciones responda al tipo y volumen de residuos que genera cada actividad económica, fortalezca los procesos de valorización y reciclaje, reconozca las inversiones que ya realizan muchas empresas en la gestión de sus residuos y evite disposiciones que puedan generar incertidumbre jurídica o afectar la competitividad.
Reiteraron su disposición de continuar trabajando junto a las autoridades en la construcción de un marco legal que permita fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos mediante una legislación técnicamente sustentada, ambientalmente efectiva y económicamente viable para el desarrollo sostenible de la República Dominicana.