Mañana, martes 30 de junio, vence el plazo para solicitar la regularización extraordinaria de inmigrantes en España, un período que la plataforma impulsora de la medida, Regularización Ya, y partidos como el PSOE y Sumar consideran insuficiente y cuya ampliación han reclamado al Gobierno.
Los interesados han podido presentar sus solicitudes desde el pasado 16 de abril, pero muchos han encontrado dificultades para reunir la documentación exigida. Los últimos datos oficiales, correspondientes al 15 de junio, indicaban que el Ejecutivo había recibido ya unas 900,000 solicitudes.
En las primeras semanas, el principal obstáculo fue la obtención del certificado de vulnerabilidad, necesario solo en determinados casos. Esa dificultad fue disminuyendo conforme más organizaciones no gubernamentales fueron autorizadas para expedirlo. Sin embargo, para ciudadanos de países como Argelia, Cuba, Guinea Conakri o Gambia ha persistido otro problema: conseguir el certificado de antecedentes penales.
Ante este escenario, la plataforma Regularización Ya, una de las coordinadoras de la campaña que reunió más de 700,000 firmas para presentar una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso —que finalmente se materializó mediante un real decreto—, ha insistido en las últimas semanas en la necesidad de prorrogar el plazo.
«No es un favor, es una obligación», ha reivindicado la plataforma en sus redes sociales, al considerar que la Administración debe garantizar el acceso efectivo al proceso mediante una ampliación del plazo, debido a las trabas administrativas que, según denuncia, «siguen dejando fuera» a miles de migrantes que «cumplieron con todo lo que se les pidió».
A esta petición se han sumado en las últimas semanas Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, y Podemos, que también han reclamado más tiempo para evitar que personas con derecho a acogerse a la medida queden excluidas.
Papeles después de ocho meses en España
Otra de las quejas surgidas durante el proceso es que el plazo máximo de 15 días fijado por el Gobierno para admitir a trámite las solicitudes —lo que supone una primera autorización provisional— no se ha cumplido en numerosos casos.
Uno de quienes finalmente recibió esa autorización fue José Vicente Velázquez, un colombiano de 45 años natural de Cali. La noticia le llegó mientras trabajaba, sin permiso laboral, en la construcción de una vivienda.
José Vicente y su esposa llegaron a España el pasado octubre, dejando en Colombia a sus hijos, ya adultos, con la intención de construir un futuro y «buscar la vejez«. La regularización, dirigida a quienes se encontraban en el país antes del 1 de enero de este año, supuso para él una oportunidad inesperada.
La semana pasada recibió la notificación de que su solicitud había sido admitida a trámite. Ese mismo día avisó a su empleador y, al siguiente, pudo firmar por fin un contrato de trabajo.
Para él, este paso representa el inicio de una nueva etapa: poder alquilar una vivienda y dejar la habitación que comparte con su esposa en un piso compartido en Villanueva del Pardillo, en Madrid. Más adelante, espera cumplir otro objetivo: crear una empresa que genere empleo, mientras cursa una formación profesional en electricidad.
«Y, obviamente, con esto ayudaremos también a la economía de España«, afirma el migrante sobre el futuro que espera construir en su nuevo país.