El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció este miércoles que EE.UU. busca con su presión y «coerción» sobre la isla provocar el «mayor castigo posible» a la población para forzar su «rendición».
En su intervención ante el pleno de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral), Rodríguez advirtió que, pese a la hostilidad estadounidense, «la bandera revolucionaria» de Cuba «no se plegará jamás», ni siquiera ante una intervención militar.
«Afrontaremos los riesgos que sean necesarios cuanto tiempo sea necesario», añadió el canciller cubano, quien puntualizó que «de ello dependerá la independencia, la revolución, el socialismo» de la nación caribeña.
Lamentó que Washington busque «reforzar al extremo la guerra económica y el castigo colectivo» contra Cuba con el bloqueo petrolero, impuesto desde enero, y las oleadas de sanciones de las últimas semanas, incluidas medidas secundarias contra empresas extranjeras.
El canciller agregó que Cuba tiene «el deber y el derecho de rechazar y enfrentar la agresión» de EE.UU. «incluso con las armas«, si el país es agredido «militarmente».
Autoridades cubanas insisten en acercamiento respetuoso
Rodríguez reiteró que el Gobierno cubano tiene la «disposición» de encontrar soluciones a las «diferencias bilaterales» de La Habana con Washington y conversar con Estados Unidos «sobre bases de respeto» y «con total y completo respeto» a las «prerrogativas soberanas de cada parte».
«Seguimos aspirando a la eventual posibilidad de una relación respetuosa y constructiva con el voraz vecino del norte«, añadió Rodríguez, quien resaltó que la isla «no es una amenaza para EE.UU. ni desea ser adversario o enemigo» de Washington porque tiene «vocación de paz«.
Sin embargo, el Gobierno cubano tiene el mandato de defender la «soberanía» popular y descartó la rendición.
EE.UU. está aplicando un régimen de máxima presión sobre Cuba desde enero con la imposición de un bloqueo petrolero y la aplicación de sanciones con el objetivo de forzar cambios políticos y económicos de la isla. Naciones Unidas ha calificado estas medidas de contrarias al derecho internacional.