El Parlamento cubano estudia desde este miércoles una serie de cambios legales clave en el país: de la reducción de la Administración pública, que eliminará varios ministerios, al programa de reformas para liberalizar y descentralizar la economía.
La unicameral Asamblea Nacional de Poder Popular (ANPP) analizará asimismo la actualización de la ejecución del Presupuesto del Estado en 2026 y la liquidación de las cuentas públicas del ejercicio anterior, tomando el pulso a la profunda crisis que sufre la isla.
La agenda viene cargada en su séptimo período ordinario de sesiones, en el que no se esperan sorpresas porque el legislativo aprueba siempre por unanimidad las propuestas que le llegan de los Consejos de Estado y de Ministros, y que previamente han recibido luz verde del Partido Comunista de Cuba.
Reducción de ministerios
El Consejo de Ministros aprobó en de abril un Anteproyecto de Ley de Organización de la Administración Central del Estado para pasar de 27 a 20 organismos de la Administración central, lo que supone la eliminación de varios ministerios.
Entre otros, la normativa plantea fundir el Ministerio de Economía y Planificación con el de Finanzas y Precios, el de Ciencia y Tecnología con el de Educación Superior, y el de Agricultura con el de Industrias Alimentarias.
El primer ministro, Manuel Marrero, argumentó que «un país con una situación tan compleja, no puede tener una estructura tan grande, tanta burocracia«.
Código del Trabajo
El anteproyecto de ley de Código del Trabajo incorpora novedades como la desconexión digital, el «empleo digno», el teletrabajo y la «corresponsabilidad familiar» para las prestaciones de maternidad al padre, así como el concepto de «pluriempleo«. No obstante, deja fuera el derecho a la huelga y no obliga a que los salarios sean suficientes.
Los sueldos siguen siendo fijados por el Consejo de Ministros, que este julio estableció un salario mínimo de 3,210 pesos mensuales (unos 27 dólares al cambio formal, apenas cinco con la tasa informal), en sustitución de los 2,100 pesos vigentes desde 2020. En comparación, un cartón de huevos se vende por unos 3,000 pesos en La Habana.
Vivienda
La Ley de Vivienda propone ampliar el peso del sector privado en la construcción y la flexibilización en la propiedad, incluida la posibilidad de poseer hasta dos viviendas y el reconocimiento de derechos para cubanos residentes en el extranjero.
El déficit habitacional en Cuba supera las 800.000 viviendas, según cifras oficiales, y frente a ésta crisis, el Gobierno cubano anunció en marzo pasado que impulsaba un «ambicioso proyecto» para convertir más de 3,500 contenedores marítimos en viviendas.
Uso de la tierra
La Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal propone reconocer al sector privado como productor agropecuario y forestal y amplía la superficie de terreno estatal que se puede entregar en usufructo de las 67.10 a las 268 hectáreas.
Este julio se modificó el reglamento sobre las cooperativas agroalimentarias y dentro del paquete de reformas se permitió a este tipo de organización importar y comercializar combustibles, realizar comercio exterior, gestionar directamente financiamientos externos y abrir cuentas bancarias en el exterior.
Identidad Personal
El Proyecto de Ley del Sistema de Identidad personal y Domicilio propone modernizar y ampliar el registro de identidad de los cubanos y residentes en la isla, así como concentrar en el Ministerio del Interior esta información.
La ONG de derechos humanos Cubalex ha planteado dudas sobre esta normativa porque percibe una falta de «garantías eficaces» para que el ciudadano limite el uso de esa información por parte del Estado.
Reformas económicas
La ANPP va a estudiar, asimismo, la implementación de normativas vinculadas al paquete de 176 reformas económicas aprobado en junio, que, de aplicarse, supondría la mayor transformación económica de la isla en décadas.
Estos cambios incluyen la entrada de «nuevos actores» en el sector turístico, el fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), ampliar el rol del sector privado, descentralizar la toma de decisiones y dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario.
También autoriza una mayor participación del capital privado en la actividad financiera, incluyendo la creación de banca privada.
