Derlis Aizama y Daniel Paredes se enamoraron en la guerrilla y dejaron las armas para formar una familia en Colombia. Ahora temen que ese sueño sea sepultado por el presidente electo de ultraderecha Abelardo de la Espriella, que asume el viernes.
La pareja forma parte del centenar de rebeldes que hace poco más de dos meses aceptaron un acuerdo de una disidencia de las extintas FARC con el presidente izquierdista Gustavo Petro para iniciar su tránsito a la vida civil.
Días después, el país eligió en las urnas como mandatario a De la Espriella, un abogado que promete desmontar cualquier negociación con las organizaciones ilegales al considerar que la paz «se impone con las armas».
Desde una zona especial en el departamento de Putumayo (sur) en la que se encuentran luego de haber entregado sus fusiles, Derlis y Daniel temen que el nuevo presidente reactive las órdenes de captura suspendidas por Petro como parte del acuerdo.
La asunción de De la Espriella me genera «inseguridad«, dice a la AFP Derlis, de 24 años, en el lugar adaptado con viviendas, una enfermería y canchas de fútbol.
«Nosotros estamos aquí porque queremos rehacer nuestras vidas, formar un hogar», añade. Conoció a Daniel, de 32 años y que lleva una pulsera con el rostro del revolucionario Ernesto «Che» Guevara, como integrantes del grupo guerrillero Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
En la zona especial en Putumayo todos se preguntan qué va a pasar con ellos después del viernes.
No volver a las armas
El desarme de este centenar de guerrilleros fue el mayor avance de la «paz total» de Petro, la política con la que intentó sin éxito negociar con todos los grupos armados.
En Colombia, estos acuerdos suelen despertar desconfianza en las guerrillas luego de que más de 480 firmantes de paz fueran asesinados en la última década, según la Defensoría del Pueblo.
Tras el histórico pacto de 2016 que desarmó al grueso de las marxistas FARC, algunos de sus comandantes retomaron las armas alegando supuestos incumplimientos del Estado y desataron una nueva violencia.
Darwin, un exguerrillero de 32 años que no revela su apellido, sigue los discursos de De la Espriella.
En uno de ellos dio plazo hasta el viernes a los miembros de las mafias para que se sometan a la justicia ordinaria. De lo contrario, les esperan dos caminos: «Muerte o cárcel».
También anunció que eliminará la oficina presidencial de paz y la de derechos humanos. Además, planea desmontar el tribunal surgido del acuerdo con las FARC para juzgar los peores crímenes del conflicto armado.
«Nos pone un poquito nerviosos», reconoce Darwin, que asegura haber ingresado a la guerrilla por falta de empleo en una región con sembradíos de hoja de coca, materia prima de la cocaína.
Desde que entregó su arma el 18 de junio, disfruta de la lectura. Su libro favorito es La Cenicienta, cuenta.
Como Derlis y Daniel, dice que no contempla volver a armarse.
El presidente electo no se ha referido específicamente sobre este proceso.
«Suicidio institucional«
De la Espriella fue elegido con un discurso de mano dura ante la crisis de seguridad que enfrenta el país, golpeado por constantes ataques con explosivos contra uniformados y civiles.
Guerrilleros, paramilitares y otros narcos se fortalecieron mientras Petro apostaba por una salida negociada, según expertos.
Los exguerrilleros que permanecen en Putumayo estudian para terminar el bachillerato, mientras aguardan una definición de su situación jurídica.
Para distraerse, Mauricio Zambrano construyó un pequeño gimnasio con pesas hechas con cemento y tubos metálicos.
«Siempre hay intriga. Cuando él (De la Espriella) ganó hizo unos comentarios muy drásticos», dice.
El jefe de la delegación del gobierno que negoció con estos exguerrilleros intenta tranquilizarlos y asegura que la zona especial está blindada por ley ante cualquier intento por desmantelarla por parte de De la Espriella.
Para el negociador Armando Novoa los miembros de la guerrilla están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario al tratarse de «sujetos en estado de indefensión«.
«Sería un verdadero suicidio institucional que se desconociera esta realidad para lanzar a 99 personas a los brazos de la violencia y las armas«, afirma.