La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela, uno de los cinco cuerpos militares del país, pidió este martes mantener la lealtad a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y garantizar la soberanía de la nación.
«Somos los llamados a cumplir con nuestro deber y a mantenernos leales a nuestra presidenta de la república Dra. Delcy Eloína Rodríguez», expresó el comandante general de la GNB, Juan Sulbarán Quintero, en un comunicado con motivo del 89 aniversario del cuerpo castrense.
El mayor general señaló que los integrantes de la Guardia Nacional, encargada de mantener el orden interno y de cooperar en la defensa del país, tienen «el compromiso infranqueable de seguir garantizando, junto a los componentes hermanos (Ejército, Armada, Aviación y Milicia), la soberanía patria y la estabilidad de las instituciones del Estado».
El comunicado no hace mención al depuesto presidente Nicolás Maduro ni a la operación militar de Estados Unidos en Venezuela del pasado 3 de enero, cuando el líder chavista fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, detenidos desde entonces en una prisión federal de Nueva York.
Con motivo de los 89 años de la GNB, la mandataria encargada inauguró en esta misma jornada áreas de atención en una policlínica del componente militar en Caracas, donde Rodríguez agradeció a los guardias nacionales por estar «ayudando al que lo necesite».
Denuncias de abusos
El pasado diciembre, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, creada por la ONU para investigar abusos en Venezuela desde 2014, denunció en un informe que funcionarios de la Guardia Nacional cometieron graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante más de una década.
El informe de 123 páginas, que estudia el papel de la GNB en la represión de protestas como las de 2014, 2017, 2019 y 2024, concluye que responsables del cuerpo de seguridad y orden público «perpetraron y contribuyeron de manera directa a la comisión de privaciones arbitrarias de la vida, detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual o de género».
Estos crímenes fueron cometidos tanto durante operativos de control de protestas como en acciones de persecución política selectiva, unos abusos que se vieron facilitados por «un entorno prolongado de impunidad«, según la misión.