El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), que llegó al país tras ser indultado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en su condena por narcotráfico, denunció este jueves la supuesta injerencia de la «izquierda radical» para influir en el proceso judicial que enfrenta por lavado de activos y fraude.
El exmandatario, de 57 años, sostuvo que estos grupos intentan «incidir en el resultado» del caso en su contra, e hizo «un llamado enérgico a la sensatez y a la defensa del Estado de derecho«, pidiendo que cese «la polarización y el uso mediático de la justicia», aunque expresó su confianza de que «la verdad va a prevalecer».
«Alertamos a la ciudadanía sobre la injerencia de grupos con agendas oscuras y políticas de la izquierda radical que mediante la manipulación de la verdad buscan presionar y atacar la independencia judicial, debilitando las garantías constitucionales que asisten a todo ciudadano», subrayó Hernández en una comparecencia en su casa en Tegucigalpa.
Hernández retornó el pasado 26 de julio a Honduras después de ser indultado por Trump en diciembre pasado de la condena a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico, caso por el que fue extraditado a EE. UU. en 2022.
Ahora enfrenta a la justicia hondureña por los delitos de lavado de activos y fraude relacionado con el supuesto desvío de fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013.
Proceso judicial
El expresidente rechazó este jueves las acusaciones del fiscal general, Dagoberto Aspra, quien denunció presuntas amenazas contra representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la audiencia de declaración de imputado que enfrentó Hernández del pasado lunes.
En dicha audiencia, un juzgado especializado en Criminalidad Organizada impuso a Hernández medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país, y rechazó la petición de la Fiscalía para que el expresidente fuera detenido provisionalmente ante el «peligro de fuga«.
El caso pasó a dicho juzgado ordinario después de que el pasado 3 de agosto se rechazara un recurso de la defensa del expresidente para mantener el expediente en la Corte Suprema de Justicia, como originalmente se planteó, luego de que el primer magistrado asignado se proclamó sin competencia para asumir la causa.