La Defensoría del Pueblo de Venezuela informó este martes que el miércoles establecerá una mesa técnica con la ONG Alianza para la Libertad de los Presos Políticos para «profundizar la revisión y el seguimiento individualizado de los casos presentados por esta organización.
Activistas de la Alianza solicitaron la «mediación y actuación en asuntos relacionados con la atención «médica oportuna, celeridad procesal, condiciones de detención y respeto a la dignidad humana«, de acuerdo a una nota de prensa de la Defensoría del Pueblo.
«Entregamos la lista de todos los presos políticos y se quedó en acuerdo para mañana 12 la instalación de una mesa técnica con familiares«, subrayó la ONG.
Además, la ONG planteó que se revise la situación jurídica de los presos políticos, que son 382 según la organización Foro Penal, aunque el Gobierno asegura que fueron detenidos porque cometieron delitos, un afirmación que rechazan partidos políticos opositores.
La defensora del pueblo, Eglée González Lobato, aseguró que su despacho «mantiene una política de puertas abiertas y continuará recibiendo y atendiendo los planteamientos de familiares, organizaciones sociales y distintos sectores de la sociedad, en el marco de sus competencias constitucionales«.
Solicitudes de ONG
Asimismo, ratificó su «disposición a examinar cada situación de manera individualizada y a realizar las gestiones institucionales que correspondan, dentro del ámbito de sus competencias, para contribuir a la protección efectiva de los derechos humanos y al debido proceso«.
El pasado viernes, activistas de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) acudieron a la sede de la Cancillería de Venezuela, en Caracas, para solicitar que se permita el ingreso al país de organismos internacionales para que constaten las «violaciones de derechos humanos a las que están sometidos los presos políticos«.
El documento entregado tiene cinco solicitudes del Clipp, entre ellas que la Cancillería formalice la invitación y facilite los protocolos necesarios para la visita de la CIDH, así como la cooperación de la Misión Independiente de la ONU.
Además, piden autorizaciones para que el Comité Internacional de la Cruz Roja acceda de manera regular a los centros de detención de Venezuela para evaluar las condiciones de «salubridad, integridad física, nutrición y asistencia médica de las personas privadas de libertad».