La Constitución de la República establece en su artículo 59 el derecho de todo dominicano a la vivienda. Dicho artículo dice que “El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social.
El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda”.
Hace pocos días, el presidente Luis Abinader lo mencionó en su rendición de cuentas. Sostuvo que uno “de los derechos que estamos impulsando sin descanso es la vivienda. Todo dominicano tiene derecho a un hogar y a que su gobierno le ayude a conseguirlo. No es solo que lo ponga en la constitución, sino que es un principio que mueve siempre la acción de este gobierno”. El mandatario añadió que el Estado trabaja sin descanso “para que cada dominicano y dominicana pueda tener un hogar digno y propio”.
Así lo refleja la historia reciente de las políticas públicas sobre la vivienda, y es de hecho una de las motivaciones de la Ley 189-11, por un lado, para establecer facilidades que permitan el desarrollo de proyectos habitacionales, es decir, viviendas de bajo costo, y por el otro, de manera complementaria, reducir el profundo déficit habitacional de la República Dominicana.
En la actualidad, muchos de los proyectos de vivienda ya construidos o en desarrollo, están bajo la figura del fideicomiso, para reducir costos de operación, garantizar la eficiencia del proceso, salvaguardar los derechos de los adquirientes y construir a precios sostenibles, de manera que la mayor cantidad de familias se vean beneficiadas. En otras palabras, usando el vehículo del fideicomiso, podemos impactar a más dominicanos con el sueño de la casa propia.
Los números secundan esta afirmación. Según datos de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), al cierre del año 2021, la cartera de financiamiento destinada a la adquisición y remodelación de viviendas totalizó RD$167,415 millones. De ese total, los préstamos para la compra de viviendas de bajo costo, procedentes de un fideicomiso, fueron de RD$7,172 millones.
De su lado, la Asociación de Fiduciarias Dominicanas (ASOFIDOM), sostiene que el 77% de los fideicomisos activos son inmobiliarios, y dentro de estos, los de bajo costo, constituyen el 60.7%, lo que ha permitido proyectar la construcción de 132,110 viviendas, mientras que ya se entregaron 37,114.
En otras palabras, casi 40 mil familias tienen hoy un hogar, con todas la de la ley, y con créditos accesibles, gracias a la figura del fideicomiso. Esto nos permite concluir con un dato extraordinario: por cada 10 viviendas ya entregadas, nueve son de bajo costo, para aquellas familias menos favorecidas, muestra de cuán efectivo y transversal puede ser el fideicomiso cuando se emplea para el beneficio colectivo, y cuando existe voluntad pública y privada al servicio del desarrollo de todos.